Miércoles 07/12/2016.

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El Justicia sugiere crear un protocolo que permita a personas con discapacidad comunicar incidencias del Bizi

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha sugerido al Ayuntamiento de Zaragoza que valore la posibilidad de establecer un protocolo de actuación para que las personas con discapacidad puedan comunicar las incidencias del servicio de atención telefónica municipal del servicio municipal de alquiler de bicicletas (Bizi).
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El Justicia sugiere crear un protocolo que permita a personas con discapacidad comunicar incidencias del Bizi El Justicia sugiere crear un protocolo que permita a personas con discapacidad comunicar incidencias del Bizi

Esta sugerencia surge tras la queja presentada por una usuaria del Bizi con discapacidad auditiva que, el pasado mes de diciembre, tuvo una incidencia con el estacionamiento de Bizi de la Magdalena que no pudo solventar porque la forma de dar traslado del problema es vía telefónica.

La usuaria al llegar a casa comunicó el problema a su hija que contactó telefónicamente con el servicio técnico del Bizi, pero ante el requerimiento de algunos datos que la usuaria afectada no recordaba tuvieron que llamar al día siguiente.

Entonces la operadora del servicio técnico telefónica le conminó, por tres veces a la hija oyente a que la madre con discapacidad auditiva se pusiera al teléfono. La hija por tres veces le tuvo que responder que se trataba de una persona sorda. La operadora le explicó que como habían pasado tres horas desde la incidencia la tarjeta del Bizi quedaría bloqueada durante doce horas, recoge la sugerencia del Justicia de Aragón.

Entre las consideraciones jurídicas que esgrime el Justiciazgo, al no haber obtenido respuesta del Ayuntamiento, ha citado la Ley de 2003 de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, además de la Ley sobre Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transporte y de comunicación, aprobada en 1997 por las Cortes de Aragón, y el posterior decreto de 1999 aprobado por el Ejecutivo autónomo.

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