Domingo 04/12/2016.

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Un pensionista vecino de Guerrero declara que creyó de "justicia" las ayudas y le considera "más que amigo"

Es militante socialista, la juez cree que percibió 455.508 euros en prestaciones pero él admite 1.803 euros al mes y una entrega de 272.000 Otro intruso reconoce que las rentas percibidas, ascendentes a 153.000 euros, no le corresponden y se compromete a devolverlas
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Un pensionista vecino de Guerrero declara que creyó de "justicia" las ayudas y le considera "más que amigo" Un pensionista vecino de Guerrero declara que creyó de "justicia" las ayudas y le considera "más que amigo"

Es militante socialista, la juez cree que percibió 455.508 euros en prestaciones pero él admite 1.803 euros al mes y una entrega de 272.000

Otro intruso reconoce que las rentas percibidas, ascendentes a 153.000 euros, no le corresponden y se compromete a devolverlas

Alejandro Millán Torres, oriundo de El Pedroso (Sevilla) y prejubilado en un expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por Fomento de Construcciones y Constratas (FCC) S.A. pese a no haber formado nunca parte de su plantilla, ha declarado este jueves ante la juez Mercedes Alaya, que desconocía que la "ayuda sociolaboral" que percibía fuese fruto de una "ilegalidad". Este imputado, que ha reconocido que compatibilizó esta ayuda de 1.803 euros mensuales con una pensión de 545 euros, ha señalado no obstante que cuando firmó la póliza de seguro de rentas en cuestión pensó que "se estaba haciendo justicia" dada su situación.

La juez investiga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo, financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Concretamente, mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años la segunda de las instituciones habría librado 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.

Las ayudas libradas mediante este método, ni siquiera publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

VECINO DE FRANCISCO JAVIER GUERRERO

Millán Torres, también militante de la Agrupación socialista de El Pedroso, ha comparecido ante el Juzgado de Instrucción número 6 como imputado por tráfico de influencias, obtención ilegal de ayudas públicas, malversación y prevaricación, dado que habría percibido 1.803 euros mensuales entre marzo de 2007 y abril de 2008 con cargo a una póliza de seguro de rentas asociada a la empresa FCC, para la cual nunca ha trabajado. Millán Torres, según el acta de declaraciones recogida por Europa Press, ha relatado que en 2006, él cobraba una pensión de 545 euros por una incapacidad permanente cuando Francisco Javier Guerrero, entonces director general de Trabajo y Seguridad Social e imputado en esta trama, se "interesó" por su caso, pues ambos habitaban en un mismo edificio en El Pedroso.

Guerrero, dado el "escaso importe" de su pensión, le reclamó la entrega de una serie de documentación, como su vida laboral o su declaración de incapacidad, tras lo cual en marzo de 2007 fue convocado a la Consejería de Empleo para la firma de una "ayuda sociolaboral" cuya cuantía incluso le sorprendió, pues "era la cantidad que cobraba en su empresa" como oficial de primera en labores de electricidad. Pensó entonces que "en ese momento se estaba haciendo justicia", toda vez que gracias a la póliza de seguro de rentas firmada aquel día comenzó a percibir 1.803 euros mensuales que se sumaban a su pensión por incapacidad.

INCLUSO CONSTITUYÓ UNA EMPRESA

Millán Guerrero ha declarado que no se le ocurrió que su póliza de seguro de rentas fuese fruto de una "ilegalidad", pues "se la estaba ofreciendo un alto cargo de la Junta". Igualmente, ha reconocido que en 2008 constituyó junto a su cuñado una empresa con una plantilla de cuatro empresarios, obteniendo entre 600 y 800 euros mensuales gracias a la actividad de esta empresa. Igualmente, ha reconocido haber cobrado en 2010 un total de 272.612,49 euros a cuenta de la liquidación de la aseguradora Fortia, si bien a preguntas de la juez ha señalado que no cree que el total de prestaciones disfrutadas se eleve a 455.508 euros. La juez Alaya, no obstante, le atribuye estos cobros "a sabiendas de que no tenía derecho a ellos".

Millán Torres, de cualquier modo, ha reconocido que este asunto marcó "un antes y un después" en su relación con Guerrero, señalando que tras la entrega de esta "ayuda sociolaboral" le considera "más que amigo".

Por su parte, Rafael Ruiz García, vecino de Córdoba y supuestamente asociado a una póliza de seguro de rentas correspondiente a la compañía Cespa S.A. pese a no formar parte de su plantilla, y por la que llegó a cobrar un total de 153.439,61 euros, también ha prestado declaración en la mañana de este jueves imputado por los delitos de tráfico de influencias, obtención ilegal de ayuda de la Administración Pública, malversación y prevaricación.

Según el relato de la juez, fue en 2006 cuando este imputado, que entonces se encontraba cobrando el desempleo tras el cierre de la empresa Chamorro y Moreno, contactó telefónicamente con Guerrero "prevaliéndose de su relación de amistad de muchos años" al objeto de "pedirle ayuda", ofreciéndole Guerrero la percepción de unas rentas a través de una póliza de seguros de la que sería beneficiario, "y a la que ambos sabían que Ruiz no tenía derecho alguno".

Seis meses después, acudió al despacho de Guerrero, donde el imputado firmó la póliza en presencia de la secretaria del exalto cargo. En virtud de esta póliza suscrita con la aseguradora Fortia Vida y en la que la tomadora es la propia Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, Rafael Ruiz percibiría un total de 153.439,61 euros desde abril de 2007 hasta enero de 2014, a razón de entre 1.200 y 1.300 euros mensuales.

Según la magistrada, el inculpado, cuya hija, Cristina Ruiz, figuraba en las listas del PP a la Alcaldía de Córdoba en las últimas elecciones municipales hasta renunciar a ello, "simultaneó" entre abril y noviembre de 2007 el percibo de dicha renta con la prestación por desempleo próxima a los 1.000 euros y, desde enero de 2008, con el subsidio para mayores de 52 años, ascendente a 426 euros.

GUERRERO "ES MUY HABLADOR Y CHARLA CON TODO EL MUNDO"

El imputado, que ha reconocido como suya la firma estampada en el certificado de la póliza, ha relatado que fue en las fiestas de El Pedroso donde conoció a Guerrero, "ya que es muy hablador y charla con todo el mundo".

Al hilo, ha asegurado que, tras conocerlo, lo llamó --"me cuesta trabajo pedir un favor, pero hay circunstancias en la vida que obligan a hacer determinadas cosas"-- y le comentó que estaba desempleado, tras lo que Guerrero "le dijo que si tenía todos los papeles en regla, podría haber la posibilidad de alguna ayuda, y que le mandaría a un señor de una aseguradora para que le presentara los papeles para ver si le podían dar una prestación", tras lo que Jesús Bordallo se puso en contacto con él y quedaron en verse en Córdoba.

Tras verse y entregar a éste último cierta documentación, volvieron a verse a los seis meses, cuando Jesús "lo llamó para decirle que estaba todo preparado, que le habían otorgado una ayuda, y que se podía pasar por la Consejería de Empleo para firmar"; tras ello, acudió al despacho de Guerrero y, en presencia únicamente de su secretaria, firmó la póliza.

Este imputado, que ha negado tener relación alguna con el PSOE, ha reconocido que simultaneó la prestación por desempleo y el subsidio para mayores de 52 años con las prestaciones que recibía por la póliza firmada, dinero que "no lo ha invertido en nada y que tiene guardado en su única cuenta corriente". Según ha añadido, de esas rentas "ha ido comiendo, por lo que le falta un poquito".

Por último, ha reconocido que, tras su imputación en la causa, considera que "no le corresponden las rentas que ha venido percibiendo", aunque ha comprometido que "si tiene que devolverlo, que le hagan un escrito y lo devolverá, pero que no sabe donde hay que darlo", tras lo que la juez le ha informado de que el dinero puede consignarlo en la cuenta del propio Juzgado.

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