Sábado 03/12/2016.

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El juzgado ordena investigar las obras de la antigua Casa de la Moneda

Los promotores y arquitectos podrían haber falseado datos para conseguir la autorización y habrían demolido elementos históricos
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El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha incoado diligencias previas a cuenta de la querella formulada por la Fiscalía de Urbanismo y Patrimonio Histórico, contra los administradores de la sociedad limitada Patio del Tesorero, un arquitecto y un arquitecto técnico, por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y contra el patrimonio histórico. El Ministerio Público considera que los querellados falsearon los datos del proyecto promovido en la Real Casa de la Moneda, para conseguir la aprobación de las autoridades competentes en materia de patrimonio histórico, además de demoler supuestamente estructuras arquitectónicas históricas pese a que tal extremo nunca fue permitido.

Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que, en función de la querella formalizada por el Ministerio Público, el Juzgado de Instrucción número 13 ha ordenado la práctica de una serie de diligencias previas, como la identificación y localización de los administradores o representantes legales de la sociedad limitada Patio del Tesorero a cuenta de su papel como empresa promotora de las obras investigadas. La querella de la Fiscalía, como se recordará, se dirigía contra los administradores de esta sociedad, el arquitecto Fernando C.F. como director de las obras y contra el arquitecto técnico Rufo S.P., como coordinador de seguridad y salud de la intervención.

LA QUERELLA. POSIBLES DATOS FALSEADOS Y DEMOLICIONES NO PERMITIDAS

En su querella, recogida por Europa Press, la Fiscalía de Urbanismo y Patrimonio Histórico rememora que la sociedad limitada Patio del Tesorero promovía una serie de obras en este edificio enclavado en la calle Adolfo Rodríguez Jurado, en pleno casco histórico, y amparado por la figura de protección del Conjunto Histórico Artístico de Sevilla. La Real Casa de la Moneda, de hecho, goza de una declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) con un grado de protección global B.

Según se desgrana en la querella, el arquitecto Fernando C.F., por encargo de la sociedad Patio del Tesorero, elaboró un reformado de proyecto básico y de ejecución al objeto de construir diez viviendas y dos locales en este edificio fundamentalmente conocido por su fachada, obra de Sebastián Van der Borcht. En septiembre de 2009, dicho documento gozó de las autorizaciones de la Comisión provincial de Patrimonio Histórico y del delegado provincial de la Consejería de Cultura, Bernardo Bueno.

No obstante, y siempre según la querella, los datos aportados a las autoridades en este reformado de proyecto básico y de ejecución habrían sido supuestamente falseados para "hacer creer que la superficie construida total preexistente era sustancialmente superior a la real". "Se dibujó un remonte por encima de la segunda planta que nunca existió y se contemplaba un ático que no existía antes", toda vez que los volúmenes de los castilletes de acceso a las azoteas fueron "superados" respecto a la realidad.

DEMOLICIONES NO PERMITIDAS

Pero además, una vez autorizadas las obras por la Comisión provincial de Patrimonio Histórico y Bernardo Bueno, estos trabajos supusieron, siempre según la Fiscalía, la "demolición de diversos tramos de los muros preexistentes en las crujías originales" pese a que el proyecto aprobado habría contemplado su conservación. También fueron derribadas, entre otros elementos arquitectónicos, "unidades estratigráficas del siglo XVIII y XIX pese a que "no se había permitido demolición de ninguna clase".

Las demoliciones, según avisa la Fiscalía de Urbanismo y Patrimonio Histórico en su querella, habrían ocasionado "daños de imposible reparación" en este edificio protegido y han "alterado gravemente" su estado original. "Ninguna de las obras sería autorizable en ningún caso", señala la querella, que cuantifica en 225.268 euros los daños perpetrados al patrimonio histórico pese a lo "incalculable" de tal aspecto.

La querella refleja que el propio delegado provincial de la Consejería de Cultura ordenó la paralización de las obras el 20 de enero de 2011, calificando los hechos como posibles delitos contra la ordenación del territorio y contra el patrimonio histórico.

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