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El convenio presentado por el dueño de Contsa obtiene el apoyo del 70% de sus acreedores

El convenio presentado por el propietario de la inmobiliaria Contsa --empresa declarada en suspensión de pagos--, José Salas Burzón, ha sido respaldado por casi 900 acreedores, que representan unos 58 millones de euros.
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Según un comunicado remitido por los representantes legales de Salas, cerca de 900 acreedores de Contsa, que representan un 70 por ciento de los créditos ordinarios, respaldan el convenio presentado por Contsa para reactivar la actividad empresarial y así hacer frente a sus compromisos, por lo que ahora, una vez que los acreedores han prestado su apoyo, el deberá decidir si lo aprueba.

Las fuentes han explicado que una vez aprobado el convenio "los administradores concursales cesarán en el cargo y deberán explicar por qué han paralizado la empresa y rendir cuentas de su gestión durante estos casi cuatro años; habrá que ponerse a trabajar sin dilación para reactivar la actividad empresarial, explotar sus casi 50 inmuebles, terminar las promociones inacabadas y paralizar las numerosas ejecuciones hipotecarias".

Ha agregado que "ahora corresponde a los acreedores, a través de la comisión de vigilancia y control, velar por el cumplimiento del convenio" y ha asegurado que "sin perjuicio de ello, el dueño de Contsa ha asegurado que va a seguir defendiendo los intereses de la sociedad exigiendo las responsabilidades frente a quien corresponda".

Asimismo, tras agradecer a los acreedores el apoyo prestado a la propuesta presentada por Salas, ha mostrado el agradecimiento a los muchos funcionarios del juzgado y de la Notaría que, "durante estos cuatro últimos meses, se han visto desbordados por la ingente cantidad de personas que ha acudido a prestar su adhesión".

Por último Salas ha puesto de manifiesto que "ahora sólo queda trabajar, aunque los tiempos son difíciles y la situación de la empresa es muy delicada, pero, con esfuerzo y dedicación, el convenio saldrá".

A inicios de este año, José Salas, actualmente en libertad aunque imputado por los presuntos delitos de estafa piramidal, administración desleal, falsedad contable e insolvencia punible, presentó a los acreedores una propuesta de convenio en la que propone pagar el 50 por ciento de sus deudas en el plazo de cinco años, tal y como habían planteado un grupo de unos 800 acreedores para evitar la liquidación de la empresa.

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