Jueves 08/12/2016.

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Otros dos beneficiarios de falsas prejubilaciones se niegan a declarar y ratifican su declaración policial

La juez Alaya les atribuye los delitos de tráfico de influencias y prevaricación
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Otros dos beneficiarios de pólizas de seguro de rentas supuestamente ilegales han comparecido este jueves como imputados ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados con fondos autonómicos, y se han acogido a su derecho a no declarar, limitándose a ratificar la declaración prestada en sede policial, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

De este modo, el concuñado del exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas, Antonio Márquez Sánchez, y otro militante del PSOE de Camas (Sevilla), Ricardo Medina Barrios, se han remitido al testimonio prestado ante la Policía, en el cual señalaron al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero como gestor de sus prestaciones, pero aludieron al ya exsecretario de Política Municipal del PSOE de Camas José Antonio García Prieto como la conexión con el citado exalto cargo del Gobierno andaluz.

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, indaga esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado, en 2001, entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años en concepto de ayudas a la reestructuración de empresas en crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, el IFA actuaba como institución pagadora de las subvenciones y los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.

La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez Mercedes Alaya un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo de 647.869.157,45 euros.

"AYUDAS A PERSONAS VINCULADAS AL PSOE"

En el marco de estas diligencias, la juez había llamado a prestar declaración a Antonio Márquez Sánchez y a Ricardo Medina Barrios, imputados por los posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación "en su condición de 'extraneus'", dado que según el relato de los hechos contenido en las actas de declaraciones judiciales de cada uno de ellos, recogidas por Europa Press, Antonio Márquez tomó conocimiento a principios del año 2006 de la concesión por la Junta de ciertas ayudas a personas vinculadas al PSOE y pidió ayuda a otro de los imputados, José Acevedo, "al encontrarse en situación de desempleo".

No obstante, Acevedo le remitió al por aquel entonces concejal del PSOE en Camas, José Antonio García Prieto, "que es quien desde Camas organizaba la solicitud de tales ayudas". Así, y "prevaleciéndose de su relación personal" con Rivas contactó con García Prieto, quien "le confirmó estas ayudas existentes y que prepare su vida laboral y documentación personal, y que él mismo le concertaría una cita con el director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, para pedir la ayuda".

Tras ello, se dirigió, en compañía de García Prieto y de Juan Manuel López Espadas a la entrevista concertada con Guerrero en su despacho, "si bien le hicieron entrega de la documentación personal que portaban a la salida de un bar cercano, al encontrarse allí Guerrero", quien posteriormente "ordenaría a Vitalia Vida que se introdujeran a estos dos favorecidos ilícitamente en la póliza relativa a la ayuda sociolaboral de alguna empresa". Así, Guerrero remitió una comunicación a la aseguradora Apra Leven "mostrando su conformidad para que se suscriba una póliza para 26 trabajadores de Surcolor, sabiendo, por indicación de Vitalia, que 24 eran los trabajadores de la empresa y los dos restantes Márquez Sánchez y López Espadas".

MÁRQUEZ COBRÓ 1.300 EUROS MENSUALES DESDE 2006 A 2010

Así, el 3 de julio fueron llamados por Vitalia Vida, al igual que los 24 trabajadores de Surcolor, para suscribir los certificados individuales de adhesión de la póliza, firmando Márquez Sánchez un certificado, a pesar de lo cual el imputado no ha reconocido en su declaración policial esta firma como la suya, "aunque sí que acudió a las oficinas de Vitalia a firmar el documento por el que recibiría la prestación, que igualmente se llevó copia del mismo y que desde luego percibió las rentas". En virtud de este certificado, añade, cobró en julio de 2006 un total de 6.380,65 euros y luego estuvo cobrando una media de 1.300 euros mensuales hasta el 31 de enero de 2010, fecha de su jubilación.

La juez pone de manifiesto, sobre la ayuda sociolaboral a los trabajadores de Surcolor "en la que ilegítimamente se incluyeron los citados y por la que la Junta comprometió el pago de una prima final de 2.340.137,30 euros", que "no existió indiciariamente la menor cobertura legal a dichos compromisos de pago hasta la resolución de encomienda de ejecución de 21 de diciembre de 2009 dictada por el entonces director de Trabajo, Juan Márquez, a la que luego se sucederían otras posteriores de 25 de febrero, 1 de septiembre y 29 de octubre de 2010, las dos últimas firmadas por el actual director general de Trabajo, Daniel Alberto Rivera, incluyendo todas ellas en el número de trabajadores de Surcolor a los dos ajenos a ella, Márquez Sánchez y López Espadas".

De su lado, y respecto a Ricardo Medina Barrios, la juez relata que, tras quedar en paro en 2003, acudió a la sede del partido a pedir ayuda a García Prieto, quien le contestó que "puede ayudarle porque había estado hablando con Guerrero y le había dicho en un mitin del PSOE que él mismo, que también se encontraba en una delicada situación económica al estar en la oposición, y personas próximas podían percibir gratuitamente determinadas rentas de la Junta", tras lo cual Medina Barrios, García Prieto y Acevedo concertaron una cita con Guerrero en septiembre de 2003 y "se personaron en comandita en las dependencias de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, pero como Guerrero no estaba, le dejaron una nota y la documentación que portaban".

1.300 EUROS MENSUALES EN INTERSUR

Transcurridos dos meses, añade la juez en su relato de los hechos, Banco Vitalicio llamó a los imputados mencionados para que se personaran en la avenida República Argentina, al igual que hiciera con los 17 trabajadores de la empresa Intersur que se prejubilaban afectados por un ERE de dicho año, "ya que la Dirección General de Trabajo y la aseguradora habían incluido a los tres imputados en el grupo de los 20 trabajadores de la empresa, que iban a recibir sus rentas de las pólizas individuales que se suscribieron concretamente el 26 de noviembre de 2003".

De este modo, "y no habiendo trabajado nunca para Intersur", Medina Barrios suscribió una póliza por la que percibió una renta media de 1.300 euros mensuales desde noviembre de 2003 hasta octubre de 2011".

En el marco de estas diligencias, la juez Mercedes Alaya ya citó a prestar declaración el pasado viernes a los vecinos de Camas Juan Manuel López Espada, José Acevedo y José Antonio García Prieto, quienes también se negaron a prestar declaración y se remitieron a la prestada en sede policial.

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