Domingo 04/12/2016.

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La juez atribuye tráfico de influencias y prevaricación a los tres primeros prejubilados de Camas

Todos ellos se acogen a su derecho a no declarar pero ratifican el contenido de sus declaraciones ante la Policía Judicial
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El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados con fondos autonómicos, atribuye a Juan Manuel López Espada, José Acevedo y José Antonio García Prieto, todos ellos vecinos de Camas (Sevilla) y beneficiarios de pólizas de seguro de rentas supuestamente ilegales, posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación "en su condición de 'extraneus'". Todos ellos se han acogido a su derecho a no declarar y han ratificado sus testimonios ante la Policía Judicial, ante cuyos investigadores habían declarado que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero ofreció a García Prieto unas "ayudas de supervivencia".

La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, indaga esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado, en 2001, entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años en concepto de ayudas a la reestructuración de empresas en crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, el IFA actuaba como institución pagadora de las subvenciones y los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.

La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez Mercedes Alaya un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas" en al menos 67 expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas con cargo a este fondo de 647.869.157,45 euros.

PREJUBILADOS SOCIALISTAS DE CAMAS

En el marco de estas diligencias, la juez Mercedes Alaya había llamado a prestar declaración este viernes a los vecinos de Camas Juan Manuel López Espada, José Acevedo y José Antonio García Prieto. Como se recordará, Juan Manuel López Espada era miembro de la Agrupación socialista de Camas y esposo de una concejal, mientras Acevedo es cuñado del exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas y García Prieto era secretario de Política Municipal de la Agrupación socialista de Camas, liderada precisamente por Rivas hasta la dimisión de ambos.

Pues bien, la juez Alaya les atribuye posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación "en su condición de 'extraneus'", dado que según el relato de los hechos contenido en las actas de declaraciones judiciales de cada uno de ellos, recogidas por Europa Press, López Espada percibía más de mil euros mensuales merced a una póliza de seguro de rentas sufragada por la Junta de Andalucía para el colectivo de extrabajadores de 'Surcolor S.A.', donde él "no había trabajado nunca" y "lo sabía".

SE ACOGEN A SU DERECHO A NO DECLARAR

Acevedo, de su lado, habría percibido un total de 113.356,52 euros por una póliza de seguro de rentas asociada a los pagos de las prejubilaciones de los extrabajadores de la compañía 'Intersur', mientras García Prieto habría cobrado 134.784 euros mediante la misma fórmula. De cualquier modo, y como figura en estas actas, todos ellos se han acogido a su derecho a no declarar y han ratificado el contenido de sus comparecencias ante los investigadores de la Brigada Provincial de la Policía Judicial.

Cabe recordar, al respecto, que un atestado policial fechado el 17 de marzo de 2011 y recogido por Europa Press refleja precisamente las comparecencias de estas personas ante la Policía Judicial. Según este documento, López Espada había declarado que fue "a través de otro compañero del partido", en alusión a Ricardo Medina, como se puso en contacto con García Prieto para "tramitar una ayuda", tras lo cual celebró una entrevista con Francisco Javier Guerrero con su consecuente prejubilación en un ERE promovido por la empresa 'Surcolor SA' pese a no formar parte de su plantilla.

GARCÍA PRIETO EXPUSO SU SITUACIÓN A GUERRERO

José Acevedo, de su lado, declaraba que a través de Ricardo Medina Barrios "se entera de las ayudas" y que éste le puso en contacto con García Prieto, "con el cual había quedado Ricardo para tramitarlas". El propio García Prieto, según este atestado policial, había manifestado a los investigadores que en 2003 "le expuso su situación personal" a Guerrero al no percibir remuneraciones como concejal raso del grupo socialista del Ayuntamiento de Camas, entonces en la oposición.

Guerrero, según su testimonio, le habría manifestado que "había unas ayudas de supervivencia y que le trajera su vida laboral y la fotocopia del DNI", entregando los documentos en el despacho de Guerrero a una funcionaria junto a Medina Barrios y Acevedo una jornada en la que el mencionado alto cargo de la Consejería de Empleo no estaba presente en las instalaciones.

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