Los cursos de formación ya tocan a Susana Díaz. Dos de sus delegados provinciales de Empleo en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, respectivamente. Ambos han sido detenidos a los largo de una operación ordenada por la jueza Alaya que esperó a la celebración de las elecciones. Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, respectivamente.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en una operación que se desarrolla en las ocho provincilas andaluzas, ha detenido también este martes al exdelegado provincial de Empleo en Sevilla de la Junta de Andalucía Antonio Rivas en el marco de la operación por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta que investiga la juez Mercedes Alaya.
Entre los detenidos figura también la exdirectora general de Formación de la Junta de Andalucía María Teresa Florido, cuñada del exconsejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda, imputado en esta causa junto al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.
Otros detenidos son el exdelegado de Empleo en Cádiz Juan Bouza, y las exdelegadas de Empleo en Almería, Francisca Pérez Laborda, y Granada, Marina Martín Jiménez.
Dentro de esta operación, y según han precisado a Europa Press fuentes de la investigación, se prevén entre 15 y 20 detenciones, principalmente relacionadas con las personas responsables de formación en cada provincia andaluza, todo ello dentro de un caso que está declarado secreto de manera parcial desde el pasado mes de enero. Entre ellos ex directores provinciales del Servicio Andaluz de Empleo, ex directores generales de Formación y presidentes del Consejo General de dos consorcios, como son el Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIO) de Mijas, en Málaga, y Formades.
La jueza habla de un entramado empresarial para beneficiarse de subvenciones y señala a Faffe
En un auto dictado el 20 de enero, la juez declaró el secreto parcial de las actuaciones ante la «gravedad» de los hechos y tras detectar distintas «bolsas de fraude» que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).
Faffe, privada y sin ánimo de lucro. según Alaya, es un instrumento de dimensiones extraordinarias con sueldos elevados
Alaya constató «varias bolsas de fraude» en relación con los cursos de formación, una de ellas relacionada con la Faffe, constituida en 2003 como una entidad de carácter privado y sin ánimo de lucro y que según la instructora se convirtió en un “instrumento esencial de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de dimensiones extraordinarias, con personal empleado que se contaba por varios miles y con sueldos muy elevados en comparación con otros empleados similares de la Administración”.
Alaya apunta a las ayudas dadas a la formación de los ex- trabajadores de Delphi
La «única fuente de financiación» de la Faffe, explicó entonces Alaya, eran las subvenciones otorgadas por el SAE, al tiempo que advirtió de las «graves irregularidades» que presentaban en cuanto a su justificación. Entre esas irregularidades, Alaya destaca las relacionadas con las siete subvenciones extraordinarias concedidas para la formación de los ex trabajadores de Delphi por importe de 35,9 millones, dentro del plan de revitalización industrial de la Bahía de Cádiz y su entorno, así como otras dos subvenciones en 2009 y 2010 por 25,5 y 24,3 millones, «sin que haya presentado justificación».
950 millones de euros sin justificar
De hecho, al inicio de las pesquisas judiciales, Alaya acusó a la Junta de haber destinado en cuatro años 950 millones a cursos de formación sin que la Administración autonómica haya obligado a las empresas beneficiarias a justificar el gasto de estas subvenciones. Alaya aportaba esta cifra de acuerdo con las declaraciones realizadas a la UCO por el ex director general de Formación para el Empleo Carlos Cañavate de León, quien explicó que a fecha de octubre de 2013 había una cantidad aproximada de 950 millones de euros «en subvenciones sin justificar».
La Dirección General de Formación alertó de la existencia de estos entramados y relaciones con cargos de la Administración
Así, el secreto afecta a la investigación sobre la «existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones, algunas de las cuales habrían sido identificadas por funcionarios de la propia Dirección General de Formación» y por Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, «y en la que personas que dirigían varios entramados de empresas tenían acceso a un volumen importante de subvenciones, incluso algunas de estas personas tendrían relación con determinados cargos de la Administración».
Se daban adjudicaciones de Concurrrencia no Competitiva
En segundo lugar, la instructora aludía a la «existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones; estos consorcios recibían subvenciones a través de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo, utilizando el procedimiento de adjudicación de »Concurrencia no Competitiva», planteando la Cámara de Cuentas dudas sobre la adecuación del procedimiento», lo que también fue declarado secreto. Relacionadas
En este sentido, Alaya pone de manifiesto que, de la documentación recibida, «se ha podido constatar que todos los consorcios tienen abierto expedientes de reintegro, dos de ellos en fase de inicio, y el resto en fase de resolución».
Se decreta el secreto parcial de la instrucción ante la posibilidad de que se destruyan pruebas
Posteriormente, en un auto dictado el 13 de febrero, la instructora amplió el secreto tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las «distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las diversas irregularidades denunciadas por la misma».
En este auto, la instructora recordaba que el 20 de enero «se decretó el secreto parcial de las actuaciones para seguir varias líneas de investigación», señalando que «del curso de las mismas se hace necesaria abrir una nueva línea tendente al esclarecimiento de los hechos que se están investigando».
En este sentido, indica que, «analizando los informes de la Intervención General que obran en la causa sobre las distintas direcciones provinciales del SAE y las diversas irregularidades denunciadas por la misma, es procedente ampliar el secreto parcial de la instrucción a cuantas diligencias se deriven del estudio de tales informes».
Todo ello «atendiendo la gravedad de los delitos investigados, la especial importancia de la línea de investigación con ellos iniciada, de las expectativas de la misma y del riesgo de frustrar sus posibles resultados por la posible pérdida, destrucción o manipulación de indicios o fuentes de prueba».