Domingo 04/12/2016.

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Trabajadores de las cámaras agrarias acuden al Defensor del Pueblo al ver "discriminación" en el ERE propuesto por Junta

Los trabajadores de las cámaras agrarias andaluzas han recurrido al Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, al considerar que "se producen situaciones de discriminación e irregularidades" en el expediente de regulación de empleo (ERE) propuesto por la Junta.
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En una nota remitida a Europa Press, el colectivo de 70 trabajadores que formaban parte del personal fijo de las cámaras agrarias en Andalucía critica que "está siendo sometido por la Junta de Andalucía a un expediente de regulación de empleo que contempla como única propuesta el despido de todo el personal, faltando así al compromiso de la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, quien en junio de 2010, al anunciar la extinción de las cámaras agrarias andaluzas, manifestó públicamente que los trabajadores de las mismas 'se integrarían en la Consejería de Agricultura a excepción de los que opten por las prejubilaciones'".

De acuerdo con este compromiso inicial, los trabajadores de las cámaras agrarias, muchos de ellos con más de tres décadas de antigüedad, "podrían continuar con una dilatada labor de servicio al sector agrario desarrollada durante muchos años, como se ha hecho hasta la fecha en todas las comunidades autónomas de España, donde tras la disolución de las cámaras sus autoridades han aprovechado la larga experiencia profesional de este personal en los departamentos relacionados con la agricultura".

Este colectivo ha precisado que antes de las transferencia de las cámaras agrarias a las distintas comunidades autónomas, ante la posibilidad de la disolución de las locales "gran parte del personal de las misma fue integrado como laboral fijo del Ministerio de Agricultura por lo que este quedó automáticamente integrado en los servicios agrarios de la Consejería de Agricultura".

Por ello, considera "todavía más injusto y discriminatorio el trato que ahora pretende darse a los empleados de las cámaras provinciales andaluzas, que eran entidades de derecho público y fueron disueltas por un decreto de la Junta de Andalucía por lo que sus trabajadores ya llevan un año al servicio de la Comunidad autónoma que ahora trata de despedirlos".

Además, los trabajadores de las cámara consideran que la Junta de Andalucía "quiere ejercer un abuso de poder al tratar de imponer un ERE que sería rechazado por las autoridades laborales en el caso de presentarse por cualquier empresa privada".

Ante esta situación, estos trabajadores han solicitado el auxilio del Defensor del Pueblo andaluz, al considerar que "se producen evidentes situaciones de discriminación, incumplimiento de compromisos por un posible abuso de poder por parte de la Junta de Andalucía".

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