Tanto Jiménez como Caravaca reconocen a Europa Press que les ha «sorprendido» la imputación, aunque apuntan que «tampoco era algo que no fuera previsible», ante lo que han defendido su inocencia y destacan que esa imputación «al menos nos permitirá mayor conocimiento del caso y nos permitirá una mejor defensa, aunque sea para recurrir el auto de la juez, porque no entendemos que sea justa ni que esté basada en hechos por los que realmente se justifique la imputación».
Ambos dirigentes sindicales presentarán recursos individuales, lamentan sentirse «imputados en una cosa que no tenemos responsabilidad en que aparezca una persona que no le corresponda».
Asimismo no creen que «exista una trama de los ERE como tal sino de excepciones que hay que perseguir, pero sería excesivo calificarlo como trama generalizada y no puede provocar eso la paralización de las medidas sociolaborales, como ocurre ahora mismo».
Caravaca deja claro que «es bueno que la juez tenga que profundizar para esclarecer lo ocurrido; no estamos en contra de que se investigue, pero sí creemos que la juez debería actuar con más prudencia a la hora de imputar, pues se descalifica a la gente y eso deteriora la imagen pública de las organizaciones y su credibilidad».
En declaraciones a Europa Press, Jiménez ha precisado que en su recurso, donde pide que se deje sin efecto dichas imputación y demanda el sobreseimiento de las actuaciones, se recuerda que el auto «ha de estar motivado», pese a lo cual apunta que no se motiva el objeto de tal imputación ni los hechos punibles, por tanto «no nos dicen qué delitos se nos imputan».
Jiménez, que ha sido imputado por Alaya por su «intervención» en la introducción un »intruso» en la póliza del ERE de Calderinox, ha explicado que tanto en su recurso como en su declaración ante la Guardia Civil –donde compareció tras ser llamado por los agentes, igual que Juan Antonio Caravaca– sí reconoce que le pidió al entonces director general de Trabajo, Juan Márquez, la inclusión del »intruso» Antonio Fernández Garzón, en la póliza del ERE de Calderinox.
Este dirigente sindical ha explicado a Europa Press que incluso le ha entregado a la Guardia Civil la carta donde oficialmente le pide a Márquez la inclusión de Fernández Garzón, que estaba «recién llegado a la Consejería», pero deja claro que «la inclusión de Fernández Garzón estaba acordada entre sindicatos y Junta y solo pedimos a Márquez el cumplimiento de lo comprometido».
Jiménez, que en el ERE de Calderinox figura como tomador de la póliza, explicó que Fernández Garzón «no pertenecía a Calderinox, pero sí a otra empresa, Litalsur Sevilla SL», de forma que ambas empresas habían cerrado y presentado un ERE, por lo que «el sindicato estaba en la obligación de solicitar medidas sociolaborales a Fernández Garzón».
«Otros trabajadores de Litalsur también sufrieron el cierre pero tenían otras medidas de protección distintas, por su edad y condiciones personales, a las de Fernández Garzón, que se quedó descolgado del resto», ha agregado Jiménez, quien ha apuntado que Fernández Garzón «estaba en la misma situación que los prejubilados de Calderinox, por lo que reunía todos los requisitos para aplicarle las mismas medidas de protección, por lo que se decidió introducirlo en la póliza de Calderinox para poder aplicarle el plan de prejubilaciones».
El dirigente sindical, quien ha reconocido que en aquel momento «no se apreciaba que fuera incorrecto introducir a esta persona en la póliza colectiva de otra empresa», ha indicado que «hay casos en los que una misma póliza afecta a trabajadores de distintas empresas, como ocurre con la industria naval de Cádiz, y eso, hasta ese momento, no se interpretaba como incorrecto, por lo que la imputación no tiene sentido, nada nos hacía sospechar que hubiera algo incorrecto».
IRREGULARIDAD ADMINISTRATIVA FRENTE A »INTRUSOS»
Por ello, deja claro que «si hay algo que no cumple Antonio Fernández Garzón será por una irregularidad administrativa, pero no se le puede calificar como »intruso», porque a éste le pertenece la aplicación de esas prestaciones y nuestra obligación era pedir protección para este trabajador».
Jiménez precisó que con la llegada del nuevo director general, Juan Márquez, «comprobamos al firmar la póliza de Calderinox que no estaba Fernández Garzón en la misma, a pesar del compromiso adquirido por la Junta, por lo que se le reclamó a Márquez su inclusión en la póliza de Calderinox, en cumplimiento de lo acordado», algo que finalmente Márquez aceptó.
Este dirigente sindical ha dejado claro que el caso de Fernández Garzón, es un caso «concreto de una persona puntual que sí cumplía los requisitos» y es «totalmente distinto al de Juan Rodríguez Cordobés», el otro »intruso» en Calderinox, en el que «sí nos dimos una sorpresa, no sabíamos de su inclusión».
Jiménez ha precisado que «no detectó» la presencia de Rodríguez Cordobés en la póliza de Calderinox, toda vez que él «no negoció los expedientes y no conocía los componentes de la plantilla», tras lo que reconoció que al firmar las pólizas como tomador «no comprobó ni certificó los nombres ni cotejó con el listado de trabajadores de Calderinox», de forma que «dimos por hecho que la administración que paga, la Junta, es la que comprueba que las personas incluidas en la póliza son trabajadores de Calderinox».
Asimismo, Jiménez deja claro que no tiene «los mecanismos de control ni posibilidad de comprobar el listado definitivo», mientras que Caravaca apunta que «en el listado negociado no figuró Rodríguez Cordobés», ante lo que ambos apuntan que «su póliza se tuvo que introducir junto a las de los otros trabajadores en la firma de la póliza».
«NO SOSPECHAMOS NADA»
«Ninguno sabíamos que se había introducido a Juan Rodríguez Cordobés en la póliza, pues éste no había aparecido en la negociación, ni de Calderinox ni de Litalsur, y si lo hubiéramos sabido no hubiéramos aceptado ni firmado», agregan ambos, quienes reconocen que pensaron que todos eran de Calderinox.
«No se nos ocurrió porque no pensamos que la póliza que nos ponían sobre la mesa fuera de otra gente, no sospechamos nada», han agregado ambos, quienes consideran que «ha habido un engaño al sindicato».
Jiménez, quien no conoce ni a Fernández Garzón ni a Rodríguez Cordobés, ha defendido su actuación diciendo que la obligación del sindicato es «defender y conseguir medidas de protección a través de planes de prejubilación, es el método habitual».
RETRASOS EN LAS MEDIDAS SOCIOLABORALES
Considera que «hay que distinguir distintos niveles de calificación en cuanto a las personas que estaban incorrectamente en el plan de prejubilaciones, hay que distinguir los »intrusos» de los casos de irregularidad administrativa».
Este dirigente sindical ha defendido la aplicación de medidas sociolaborales que «son necesarias», y han expresado su temor porque este caso «pueda paralizar y deteriorar la aplicación de esas medidas y perjudicar a esta herramienta fundamental», tras lo que ha apuntado la existencia de dos casos «pendientes de resolverse y que sufren retrasos» como es el plan de prejubilaciones para 12 trabajadores de Boliden, que se acordó en febrero de 2011, y otro plan de prejubilaciones para Santana y el parque de proveedores.