Viernes 15/12/2017.

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El Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita ha atendido a 600.000 personas en esta legislatura

El Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita ha atendido a unos 600.000 ciudadanos durante los cuatro últimos años, con 11.300 profesionales implicados y una inversión total de 164 millones de euros, según se recoge en el informe presentado ante el Consejo de Gobierno por el titular de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho.
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En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Menacho, que ha hecho un balance de la gestión de su consejería, ha expuesto que en el ámbito de la Justicia, desde que Andalucía asumió las competencias en 1997, el presupuesto, según Menacho, se ha incrementado en 380 millones de euros, (42 millones solo en esta legislatura); la plantilla de funcionarios en 2.487 (650 en los últimos cuatro años) y la dotación de órganos judiciales en 217 (de ellos 67 durante este mismo periodo). De este modo, entre otros datos, la ratio de jueces por cada 100.000 habitantes ha pasado de 7 a 9,9, por encima de comunidades como Valencia o Madrid.

Por otra parte, ha explicado que la Administración autonómica ha desarrollado un plan de modernización de sedes judiciales que ha supuesto la creación de 12 nuevas, la reforma de 11 y una inversión de 76,5 millones deLa incorporación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia se ha traducido en la creación de 13.549 puntos de conexión a la red informática judicial, 117 nuevos sistemas de vídeo-conferencia y 174 sistemas de grabación de vistas.

La informatización de la sedes judiciales ha conllevado una inversión de 35 millones de euros durante la legislatura, según el consejero, que ha destacado que se han implantado nuevos sistemas de alarma en expedientes de violencia de género, notificaciones telemáticas y consultas de bases de datos judiciales y sentencias.

Menacho ha destacado que el objetivo de acercar la Justicia a la ciudadanía se completa con iniciativas como la creación del Consejo de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo o el Decreto de la Nueva Oficina Judicial que será elevado al Consejo de Gobierno en el primer trimestre de este año.

De otro lado, ha expuesto que el Servicio de Emergencias 112 ha atendido durante la presente legislatura 26 millones de llamadas, además de obtener una valoración media de 8,4 puntos por parte de la ciudadanía, que ha destacado la consolidación de este sistema integral de protección y seguridad gestionado por la Junta.

Durante los últimos cuatro años, la Administración autonómica ha invertido 21,5 millones de euros en nuevas infraestructuras para la gestión de emergencias, con proyectos destacados como la nueva sede de los Grupos de Rescate y Emergencia de Andalucía (GREA) en Noalejo (Jaén), la Base de Operaciones del GREA de Los Palacios (Sevilla), el Centro de Coordinación de Jaén y el Centro Regional de Sevilla.

La Consejería de Gobernación y Justicia ha destinado además 6,8 millones de euros al desarrollo de una nueva plataforma informática para facilitar una respuesta más eficaz ante incidencias.

En el ámbito de la prevención de riesgos, destaca también la revisión en 2011 del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía (PTE-And), vigente desde 1999, para adaptarlo a las actuales demandas. El nuevo instrumento mejora la operatividad de los procedimientos de gestión, actualiza el catálogo de tipos de riesgo y establece nuevas medidas y pautas de prevención y de actuación en aquellas situaciones que suponen un peligro para la integridad de las personas, los bienes o el medio ambiente.

Junto con el PTE-And, durante esta legislatura también se han aprobado, entre otros, los tres planes de emergencias ante riesgos por incendios forestales, sísmicos y por contaminación (este último pionero en España y de referencia para otras comunidades autónomas). Además, la Junta ha facilitado la elaboración de 99 planes municipales de emergencias, que cubren ya al 80% de la población andaluza (6,6 millones de habitantes).

POLÍTICAS MUNICIPALISTAS

En cuanto a las políticas municipalistas desarrolladas durante la VIII Legislatura, el informe presentado por el consejero subraya la entrada en vigor de las nuevas leyes de autonomía local y el impulso a la soberanía municipal a través de los Consejos Andaluces de Gobiernos Locales y Concertación Local.

Según ha añadido el consejero, la nueva legislación ha supuesto duplicar los recursos que la Junta destina a los ayuntamientos en forma de financiación incondicionada, es decir, respetando sus decisiones y prioridades de gasto. La implantación en 2011 del Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Patrica) elevó de 200 a 420 millones de euros anuales este tipo de apoyo económico, que sobresale como el de mayor volumen entre el conjunto de las comunidades autónomas españolas.

A diferencia del anterior Fondo de Nivelación, cuyos criterios variaban cada año en función de las prioridades presupuestarias, la Patrica garantiza la inclusión de unas partidas regulares en las cuentas andaluzas. La Junta incrementa la cantidad inicial en 60 millones de euros cada ejercicio hasta alcanzar los 600 millones en 2014. Plan Proteja

Otra iniciativa destacada de la legislatura, según ha explicado el consejero, ha sido el desarrollo del Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Proteja), un instrumento de ayuda complementaria al Plan E, que ha generado la creación de 32.751 empleos y financiado 4.100 obras, con una inversión total de 505 millones de euros.

Por su parte, el Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA) ha beneficiado, según ha expuesto, a 363.417 trabajadores, con siete millones de jornales y la financiación de 8.424 obras. Las subvenciones autonómicas a las diputaciones provinciales para el pago de los materiales de los proyectos han alcanzado los 195 millones de euros.

Finalmente, los 1,7 millones de ciudadanos andaluces que viven fuera de la comunidad se han beneficiado de la aprobación del Estatuto de Andaluces en el Mundo y del Plan Integral 2009-2012, dotado con 64,5 millones de euros.

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