Viernes 09/12/2016.

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Salud recogerá en los contratos-programa de centros ubicados en zonas deprimidas el seguimiento especial a la vacunación

La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha anunciado que los servicios de Salud Pública de su departamento ya están trabajando para incorporar en los contratos-programa de los centros sanitarios que se ubiquen en zonas deprimidas o de especial transformación, "un seguimiento más estrecho de la vacunación", fundamentalmente en bebés y adolescentes.
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Salud recogerá en los contratos-programa de centros ubicados en zonas deprimidas el seguimiento especial a la vacunación Salud recogerá en los contratos-programa de centros ubicados en zonas deprimidas el seguimiento especial a la vacunación

Montero, quien ha aclarado que el seguimiento de la población sujeta a vacunación ya se venía haciendo a modo general, ha justificado en una entrevista concedida a Europa Press que la inclusión de esta "especial atención" a vacunarse en los contratos-programa, donde se fija los objetivos a cumplir y los incentivos por alcanzarlos (o penalizaciones por no hacerlo), responde a que "las coberturas de vacunas en niños con dos, tres, 11 y con 15 años de zonas de especial transformación están bajando".

"Estamos trabajando para incorporar nuevos indicadores al SAS que nos permitan ser más exhaustivos con estos programas de salud, más allá de que estamos hablamos de profesionales ya de por sí muy implicados", ha agregado la titular de Salud, quien ha admitido que en esos tramos de edad de población ubicada en zonas desfavorecidas "es como si se relajara, tanto por parte de las familias en general como de los propios servicios sanitarios, el seguimiento para hacer una completa inmunización de las vacunas".

Por ello, ha resaltado que desde su departamento "intentaremos poner como objetivo prioritario el cumplimiento íntegro de todas las vacunas en esas zonas que tenemos identificadas" y que se suelen corresponder "con niveles socioeconómicos bajos y ligados a otros indicadores como escasa escolarización y fracaso escolar", ha precisado.

Así, y a modo de ejemplo, ha avanzado que estas iniciativas se están ya reforzando con el Comisionado del Polígono Sur de Sevilla, "fundamentalmente con seguimientos especiales no sólo a la cobertura de vacunas, sino a la atención al embarazo o a la lactancia".

"Aunque habitualmente ya existen estas medidas, hemos comprobado que el seguimiento estrecho se suele concentrar durante el primer año de vida del niño, con cumplimientos del calendario vacunal muy altos en España, para luego relajarse el cumplimiento de las dosis a partir de los dos, tres, 11 y 15 años", ha reconocido Montero, quien ha recalcado que es en estos tramos de edad "es donde tenemos que intensificar las campaña, porque de lo contrario las primeras dosis de vacuna que se pone en la práctica totalidad de casos no servirían para nada si no se coloca las demás".

EQUILIBRIO ENTRE DERECHOS

Montero, quien también ha recordado los recientes brotes de sarampión en Granada y Sevilla, cuyo origen estuvo ligado en el primer caso a la negativa de algunos padres a vacunar a sus hijos y en el segundo caso a que su foco se localizó en una zona de especial transformación, se ha referido a la necesidad de "respetar" la autonomía del paciente en sus decisiones, con el "equilibrio" de que esas decisiones "no perjudiquen la salud colectiva".

"Tenemos la autonomía de la persona, la cual puede decidir libremente no vacunar a su hijo y está en su perfecto derecho de hacerlo, ya que no es obligatoria, pero también hay que hacerlo compatible con el derecho de no perjudicar la salud colectiva, lo que significa que mientras haya una cobertura razonable no hay problema para la salud pública", ha aclarado.

Al hilo de ello, se ha referido a la nueva Ley de Salud Pública recién aprobada en el Consejo de Gobierno de la Junta como un instrumento legal más.

De hecho, entre las obligaciones que recoge la nueva norma sobresale la de no causar voluntariamente un peligro para la salud y la de poner en conocimiento de la autoridad sanitaria cualquier situación que pueda constituir una emergencia pública. Para el incumplimiento de estas medidas, el proyecto fija sanciones que van desde los 600 a los 600.000 euros.

"También el cuidado de la salud será exigible al ciudadano cuando se deriven algún riesgo o perjuicio para la salud de terceras personas", ha enfatizado Montero, en referencia a las situaciones de crisis epidemiológicas causadas por esa negativa, por ejemplo, a no vacunarse. "Cuando una conducta individual produce daños a terceros es necesario y conveniente que se corrija esa conducta", ha zanjado.

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