Sábado 10/12/2016.

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Manos Limpias contrapone la instrucción "impecable" de la juez Alaya con las manos "sucias" de los imputados

El sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla sobre la posible "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta de Andalucía, ha destacado este viernes la "impecable" instrucción desarrollada por la juez Mercedes Alaya, señalando que "las únicas manos sucias y corrompidas las representan los imputados, con el amparo de los máximos dirigentes de la Junta".
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En un comunicado de prensa, el sindicato se ha referido además al auto dictado por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla por el que estima los recursos presentados por la Junta de Andalucía y la Fiscalía y acuerda dejar sin efecto la medida adoptada por la juez en cuanto a que las 480 actas de los Consejos de Gobierno de la Junta celebrados desde 2001 hasta la actualidad sean custodiadas en sede judicial hasta que se resuelva el conflicto de jurisdicción planteado.

En este sentido, Manos Limpias dice que el auto de la Audiencia Provincial "lo único que implica es una cuestión formal de custodia de las actas", aseverando que "la única campaña de hechos constatados de corrupción institucional atañe a la Junta, a sus correligionarios del partido y amiguetes".

"La bofetada sin manos se la llevarán en su momento, cuando recaiga sentencia firme y sean condenados por el mayor fraude de corrupción que se ha producido en la Junta de Andalucía", según ha señalado el sindicato, quien ha criticado que la imagen de la Junta "de cara a la sociedad española ha adquirido tintes dramáticos y que ponen en evidencia la urgencia de regeneración democrática y de transparencia de la Junta, que debe reflejarse en un cambio democrático en las próximas elecciones autonómicas".

Por último, ha asegurado que "ha habido comunidades autónomas y ayuntamientos gobernados por el PSOE que, a raiz de las elecciones del pasado 22 de mayo, han destruido expedientes vía papel e informática para borrar toda huella de posibles conductas delictivas", por lo que "habida cuenta de todo ello existe una presunción más que razonable de que estas prácticas puedan ser también utilizadas por la Junta de Andalucía".

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