Viernes 09/12/2016.

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El proyecto de Ley de Salud Pública supera el debate de totalidad en el Parlamento andaluz

El proyecto de Ley de Salud Pública ha superado este miércoles el debate de totalidad en el Pleno del Parlamento andaluz. Una de las principales novedades que recoge esta normativa, que no ha contado con enmiendas a la totalidad, es el hecho de que las iniciativas, proyectos, obras y actividades públicas y privadas requerirán para su aprobación de un informe de evaluación de impacto en la salud colectiva.
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Según ha explicado la consejera de Salud, María Jesús Montero, durante su intervención en el Pleno del Parlamento, esta normativa incorpora las prioridades de prevención y promoción a las distintas políticas que desarrolla la Administración autonómica, especialmente en los ámbitos del empleo, la vivienda, el deporte, la innovación, la educación y el urbanismo.

En este sentido, ha apuntado que la evaluación del impacto en salud afectará especialmente a los planes y programas de la Junta de Andalucía, a los instrumentos de planeamiento urbanístico en general y aquellos que afecten a áreas urbanas desfavorecidas. Frente a otras leyes similares aprobadas en algunas comunidades autónomas, la norma andaluza va más allá de la perspectiva instrumental y asistencial para garantizar los derechos de nueva generación recogidos en el Estatuto de Autonomía y establecer las obligaciones de la población.

Entre los derechos regulados destaca el relativo al conocimiento. De acuerdo con su reconocimiento legal, el proyecto obliga a la Administración no sólo a poner a disposición del ciudadano la información que le afecta sino también la capacitación necesaria para analizarla, asumirla y utilizarla libremente en las decisiones sobre su salud y en la participación en las iniciativas de tipo colectivo.

El derecho al conocimiento incluye también el acceso al resultado de las investigaciones y estudios de la autoridad sanitaria, así como a obtener información sobre las características esenciales de los productos alimentarios y sus condiciones de producción, distribución y comercialización.

De igual modo, se establecen los derechos a disfrutar de un adecuado nivel de salud pública; a contar con estrategias públicas de educación para la salud, movilidad sostenible y de promoción de actividades físicas; a la inmunización contra las enfermedades infectocontagiosas, y a recibir las prestaciones preventivas o rechazarlas siempre que esta decisión no afecte a terceras personas.

En materia urbanística y de vivienda, se recogen derechos relacionados con la inclusión de zonas verdes en los planeamientos, la prohibición del uso de materiales de construcción que suponen riesgos para la salud y la garantía de un perímetro de seguridad en la puesta en marcha de actividades o zonas industriales.

Junto con la evaluación de impacto en salud de las actividades económicas, el proyecto de ley prevé también la posibilidad de establecer incentivos para las empresas que realicen planes de autocontrol o auditorías voluntarias.

RESPONSABILIDAD CIUDADANA

Asimismo, la titular del ramo ha señalado que el texto sitúa a la ciudadanía como eje central de sus medidas y establece el principio de equidad generacional como la obligación colectiva de asegurar en el futuro las condiciones que hacen posible la salud pública. Para ello, además de los derechos, se recogen también las responsabilidades de la ciudadanía en esta materia.

Entre estas obligaciones para la población destacan las de poner en práctica las medidas de protección, promoción y prevención; utilizar adecuadamente la información recibida; no causar voluntariamente un peligro para la salud, y poner en conocimiento de la autoridad sanitaria cualquier situación que pueda constituir una emergencia pública. Para el incumplimiento de estas medidas, el proyecto fija sanciones que van desde los 600 a los 600.000 euros.

Finalmente, el proyecto de Ley atribuye a la Consejería de Salud la gestión en esta materia a través del Instituto Andaluz de Salud Pública, además de disponer la creación del Centro de Investigación (que funcionará en red) y del Observatorio de la Salud Pública de Andalucía. De igual modo, la Consejería de Salud será el órgano encargado de emitir los informes de evaluación de impacto.

POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS

La diputada del PP-A Ana María Corredera, que ha comenzado su intervención asegurando que esta normativa es un compromiso que llega "tarde" y que tendrá que ser tramitada por urgencia para poder ser aprobada en esta legislatura, ha explicado que su formación no ha presentado una enmienda a la totalidad porque comparte "gran parte" de la filosofía de la ley.

No obstante, Corredera ha dicho la normativa se puede mejorar y que uno de los aspectos que no satisfacen a su formación es la falta de financiación. También ha apuntado que se trata de una ley "dispersa", en la que se concreta poco y se hacen grandes declaraciones de intenciones. "Es un texto ambiguo, poco comprometido, intervencionista con los medios de comunicación y también demagógico", ha añadido.

Por su parte, la diputada del PSOE-A Cinta Castillo ha apuntado que este proyecto supone que la salud esté presente en todas las políticas, al tiempo que ha señalado que la actual Ley de Salud tiene diez años y que se ha avanzado mucho en este periodo, "por lo que la sociedad demanda una nueva normativa". "Nos vamos a encargar a través de esta ley de que Andalucía siga siendo un territorio saludable", ha apostillado Castillo.

Finalmente, el diputado de IULV-CA Juan Manuel Sánchez Gordillo ha indicado en su turno de palabra que este proyecto de Ley "suena bien, pero lo importante es que se concrete esa música". No obstante, ha dicho que en la medida de que este texto "se apunte a lo público, va a tener el apoyo de IULV-CA". Y es que, en su opinión, un tema como la sanidad en ningún caso puede estar en manos de lo privado.

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