Sábado 16/12/2017.

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Junta exigirá a los Ayuntamientos un calendario de pagos consensuado con empleadas antes de abonar la ayuda a domicilio

Navarro admite que la norma se tenía haber aplicado desde junio de 2011, aunque no se hizo para dar "flexibilidad" a los nuevos Gobiernos locales
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La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, ha anunciado este miércoles que la Junta de Andalucía comenzará a exigir desde este mismo mes de enero a los Ayuntamientos "un calendario de pagos consensuado" con las empresas y trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio antes de transferirles por adelantado la cantidad destinada a esta prestación.

Según ha explicado a los periodistas en la tradicional rueda de prensa de inicio de cada año, con esta medida --que está abordando tanto con alcaldes como con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP)-- se pretende garantizar que las empleadas de la ayuda a domicilio cobren sus nóminas en tiempo y forma todos los meses y que no se produzcan retrasos o impagos como los que en la actualidad se están produciendo en municipios como Jerez (Cádiz) o Armilla (Granada).

El exigir un calendario de pagos a los Ayuntamientos como condición para que la Junta transfiera el dinero para las nóminas de las trabajadoras de ayuda a domicilio no es nueva. Se aprobó el 10 de noviembre de 2010 --fecha en la que la Consejería de Igualdad publicó la modificación de la orden de 2007 por la que se regula el servicio de ayuda a domicilio en la comunidad andaluza--, aunque no entró en vigor hasta junio de 2011.

En dicha norma, consultada por Europa Press, se obliga a las corporaciones locales a "aportar, en el plazo máximo de los tres meses inmediatamente siguientes a la finalización de cada período semestral, un certificado suscrito por el órgano competente acreditativo de haber abonado con regularidad mensual a la empresa prestadora del servicio los pagos correspondientes al período".

En palabras de la consejera, se trata de que "el tesorero o el interventor del Ayuntamiento nos mande un certificado para que, cuando llegue el momento de transferir el dinero en la liquidación, sepamos que el Ayuntamiento está al día en el pago a las empresas; o sea, que las trabajadoras del servicio cobran".

Sin embargo, tal y como ha reconocido, la Junta "no ha aplicado tajantemente" esta normativa hasta la fecha porque entendió "que no era lógico hacerlo puesto que había habido elecciones (municipales) en marzo". "No parecía lógico aplicar en junio una normativa sin darle tiempo a los nuevos equipos de gobierno a que establecieran también sus prioridades y a que establecieran también su propio calendario de pagos con las empresas", ha justificado.

De todas formas, según ha apuntado, han sido "muchos" Consistorios los que han establecido desde ese mismo verano un calendario de pagos con las empresas prestadoras del servicio de ayuda a domicilio y han ido saldando sus deudas, si las tenían, "de forma progresiva". Con todo, Navarro ha asegurado que la normativa se aplicará en este 2012 "con flexibilidad" porque, de lo contrario, los Ayuntamientos podrían "tomar el camino más rápido y romper con las empresas" prestadoras del servicio, por lo que se "castigaría a las trabajadoras de forma indirecta".

EL DINERO DE 2012 NO ES PARA PAGAR ATRASOS DE 2011

De otro lado, la consejera ha advertido de que el Ayuntamiento que ahora "esté esperando a recibir el dinero (de 2012) para ingresar lo atrasado está engañando a la población porque siempre lo reciben por adelantado". Así, ha insistido, como lo viene haciendo estos días atrás, en que la Junta ha realizado, a fecha 31 de diciembre, todas las transferencias correspondientes al año 2011.

"Los Ayuntamientos tienen que ser conscientes de que ese déficit que arrastran lo tienen porque han invertido el dinero en otra cosa", ha recalcado no sin antes reiterar que "no es lógico ni justo que el dinero que con todo el esfuerzo del mundo transfiere el Gobierno andaluz a los municipios para que paguen a los trabajadores de la ayuda a domicilio se invierta en pagar otras nóminas" porque, a su juicio, "son todas igual de importantes y no se pueden establecer prioridades" entre trabajadores municipales.

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