Miércoles 18/10/2017.

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Fiscalía del TSJA abre diligencias tras la petición de Chamizo ante las prácticas de empresas en el cobro de morosos

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto diligencias informativas tras la petición del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, para que intervenga a fin de "frenar las prácticas abusivas de las empresas de cobro de morosos", según ha informado la oficina del Defensor.
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En el escrito remitido por Chamizo fiscal del TSJA, consultado por Europa Press, Chamizo indica que esta Institución "viene recibiendo cada vez con más frecuencia quejas ciudadanas denunciando la actuación de determinadas empresas de cobros de morosos cuyas prácticas parecen superar los límites de lo aceptable rayando en algunos casos en lo que podrían considerarse comportamientos delictivos".

Ha recordado que cuando la situación de morosidad se prolonga en el tiempo, "suele ser frecuente que las empresas acreedoras encomienden la gestión de los cobros a empresas dedicadas específicamente a esta actividad, que han proliferado enormemente con la presente crisis".

Chamizo deja claro que la actividad de gestión de cobros que realizan estas empresas "es perfectamente legal y encuentra acogida en nuestro ordenamiento jurídico y en la práctica mercantil".

No obstante, a la vista de las quejas recibidas, advierte de que "últimamente, quizás por la mayor competencia entre estas empresas o por las mayores dificultades para el cobro derivadas de la dureza de la crisis económica, se ha producido un notorio endurecimiento en las prácticas de estas empresas que en bastantes ocasiones llegan hasta límites que pudieran considerarse como delictivos".

Así, Chamizo explica en su escrito al fiscal del TSJA que "las personas nos denuncian que sufren la recepción de llamadas incesantes requiriendo el pago de las deudas, que no sólo se producen durante el día sino que, en muchos casos se extienden a la noche, utilizando sistemas de automáticos de rellamada que obligan a los deudores a mantener descolgados sus terminales o a cambiar de número telefónico con frecuencia".

Chamizo asevera que dichas llamadas "incluyen con frecuencia todo tipo de amenazas e insultos y no toman en consideración si la persona que contesta es el deudor u otra persona distinta".

Apunta incluso que "en algún caso se ha denunciado que las llamadas han sido atendidas por menores, hijos del deudor, sin que tal circunstancia haya disuadido a la empresa de cobro de morosos, antes al contrario, no ha dudado en informar a los menores de las deudas de sus progenitores y advertirles que si no pagaban perderían sus domicilios e incluso irían a la cárcel, originándoles una grave situación de ansiedad y angustia".

Chamizo agrega que "también han sido varios los casos en que se denuncian llamadas o visitas a terceras personas sin relación con la deuda que se pretende cobrar, especialmente vecinos y parientes del deudor, a los que se informa de las deudas existentes, vulnerando la normativa de protección de datos, y se les conmina a realizar gestiones ante su vecino o pariente para que haga efectivo el pago".

Apunta además que "en ocasiones, estas llamadas y visitas a terceras personas se repiten una y otra vez, incluso en horario nocturno, advirtiendo que las mismas seguirán hasta tanto no se efectúe el pago de la deuda".

Chamizo indica que "son bastantes los casos en que las personas promotoras de las quejas nos refieren la escasa efectividad de las denuncias presentadas, ante la dificultad probatoria que presentan estos casos, siendo frecuente que dichas denuncias queden archivadas sin que las prácticas intimidatorias cesen".

Del mismo modo, según agrega, la intervención de la Agencia de Protección de Datos "resulta de escasa eficacia, puesto que la intervención sancionadora de la misma exigiría demostrar previamente que se ha producido la puesta a disposición de terceros de los datos de carácter personal que han sido cedidos legítimamente a las empresas de cobros de morosos, algo que igualmente presenta grandes dificultades probatorias".

Por ello, Chamizo ha decidió dirigirse a esa Fiscalía del TSJA a fin de someter a su consideración "la posibilidad de iniciar una investigación de oficio sobre las prácticas de estas empresas de cobro de morosos".

Asimismo, piden que les informara "acerca de los posibles tipos delictivos que podrían constituir las prácticas denunciadas y sobre las medidas de protección y defensa que resultarían más oportunas en este tipo de casos, a fin de trasladar esta información a las personas que presentan nos queja". Por último, le piden que indique "en qué supuestos deberían ser trasladados a esa Fiscalía los hechos denunciados en forma de queja ante esta Institución, por resultar presuntamente constitutivos de algún tipo de delito perseguible por la misma".

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