Además, exige la discusión y aprobación en el Parlamento de una Ley de Libertad de Conciencia y la eliminación de todos los «privilegios fiscales, económicos y de la casilla en el IRPF», de la que, a su parecer, «se beneficia la Iglesia católica».
Igualmente, propone que no se financien los centros de enseñanza con ideario religioso o de otra naturaleza particular, que no se segregue al alumnado por razón de sexo o de creencias religiosas y que la enseñanza de la religión salga fuera de los centros de enseñanza de titularidad pública, eliminando de estos todo tipo de simbología y actividad de tipo confesional.
Estas peticiones surgen porque, su juicio, a pesar de la «creciente secularización», los poderes públicos «mantienen enormes privilegios económicos, tributarios, simbólicos, jurídicos, políticos y en materia de enseñanza y de servicios sociales y sanitarios» a favor de la Iglesia católica.
Por ello, llama a la ciudadanía, a los partidos políticos y a las organizaciones sindicales y sociales, a que «impulsen el Estado social y de Derecho» y a que «defiendan la libertad de conciencia y de expresión y los derechos de ciudadanía».