Sábado 03/12/2016.

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Ecologistas rechazan el decreto sobre viviendas ilegales y alerta del "efecto llamada" al urbanismo ilegal

Ecologistas en Acción ha presentado a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta un conjunto de propuestas en relación con el borrador del Decreto por el que se regula el régimen de edificaciones y asentamientos en suelo no urbanizable en la comunidad autónoma andaluza, en el que muestra su oposición al mismo y alerta sobre el "efecto llamada" que supondrá para el urbanismo ilegal en la comunidad, así como refleja que "puede provocar un desastre urbanístico, territorial y ambiental".
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Según ha informado el grupo ecologista en una nota, esta propuesta es de "suma gravedad" por ser contraria a la legislación vigente y crear un precedente "muy peligroso" para los actos delictivos contra la ordenación del territorio, ya que con un decreto se pretende "eludir las estrictas normas de la Ley de Ordenación de Territorio y Urbanismo (LOUA) y del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) en relación con las condiciones para la construcción de viviendas en suelo rústico, que excluyen las viviendas no ligadas a las explotaciones agropecuarias, prohíben las segundas residencias y los nuevos núcleos de población".

"El decreto es un aval para el urbanismo salvaje", ha asegurado Ecologistas en Acción, que ha añadido que esta "regularización ignora los límites de crecimiento que estipula el POTA, que para un periodo de vigencia del planeamiento municipal (PGOU) de ocho años, el suelo urbano o urbanizable no puede crecer más del 40 por ciento y las previsiones de nuevas viviendas se deberían dimensionar para un incremento máximo de población del 30 por ciento". "Habrá muchos municipios que, al legalizar estas viviendas, aumentarán la superficie urbanística muy por encima de estas limitaciones", ha advertido.

La "regularización" de cientos de urbanizaciones y decenas de miles de viviendas ilegales desgajadas de los núcleos de población provocará "un grave problema, pues creará poblaciones imposibles de administrar, que demandarán inversiones públicas y servicios que serán muy costosos o, incluso, imposibles de acometer por su dispersión".

Asimismo, ha señalado que "provocará una pérdida del patrimonio paisajístico irreversible, pues este urbanismo se sitúa en las antípodas de la sostenibilidad, consume mucha más agua y energía, y produce residuos difíciles o imposibles de tratar".

Por otro lado, ha precisado que este decreto "no aclara qué pasará con las miles de viviendas y cientos de urbanizaciones que no podrán ser regularizadas por estar en suelo protegido, incumplir normas de rango superior o no haber prescrito las infracciones en base lo estipulado en la LOUA, por lo que sería imperativo proceder a la restauración de la legalidad urbanística y a la demolición de las mismas".

"La Junta deja así en aguas de borraja al tan cacareado Reglamento de Disciplina Urbanística, que prevé la ejecución de 'derribo express' por parte de los Ayuntamientos", ha manifestado. Del mismo modo, ha señalado que "creará un efecto llamada y un gravísimo precedente, cualquier persona podrá hacerse una vivienda, con o sin licencia municipal, porque al final será legalizada".

En este sentido, ha lamentado que este decreto viene a "echar por tierra el ingente trabajo desarrollado por las organizaciones ecologistas en estas dos últimas décadas de denuncia de la desaforada especulación y corrupción urbanística a lo largo y ancho de toda Andalucía".

Como conclusión, Ecologistas en Acción considera que las soluciones planteadas en este borrador de decreto significa "un respaldo de la Junta de Andalucía al cáncer de la especulación y la corrupción urbanística", por lo que solicita a la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, que "solo se puedan regularizar aquellas viviendas y urbanizaciones que cumplan con las normas de la LOUA y del POTA y que sea imprescindible para que un Ayuntamiento pueda acogerse a los mecanismos de regularización de viviendas que haya elaborado, aprobado y ejecutado su Plan Municipal de Inspección Urbanística, y muy en especial, que se haya procedido a la demolición de todas las edificaciones no legalizables en las que no hayan prescrito las infracciones urbanísticas en un plazo no superior a dos años".

Además, pide que los ayuntamientos cataloguen y registren como edificaciones fuera de ordenación a las viviendas que haya prescrito la infracción urbanística y no se encuentren en suelos del tipo señalado en el apartado anterior, pero con las restricciones señaladas en la LOUA y que se acometa un proceso político y jurídico para hacer "más efectiva las competencias subsidiarias de la Junta de Andalucía y la labor de investigación de los equipos especializados en la lucha contra la especulación y la corrupción urbanística de los cuerpos y fuerzas de fuerzas de seguridad del Estado".

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