Jueves 19/10/2017.

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Denunciantes de Córdoba y Granada relatarán este lunes sus experiencias ante el Supremo

El juicio contra Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo por investigar los crímenes del franquismo y la Guerra Civil se reanudará este lunes con el testimonio de miembros de colectivos de la memoria histórica procedentes de Navarra, Córdoba, Granada y Valladolid.
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La vista se iniciará a partir de las 10,30 horas con el testimonio de la representante de la Asociación de Familiares y Desaparecidos de Navarra Olga Alcega. A petición de la defensa, están citados a declarar otros tres testigos ante los siete magistrados que forman el tribunal.

Se trata de Rafael Espino, de la Asociación Memoria Histórica Aguilar de la Frontera (Córdoba), de Francisco Santiago Galadí, de la Asociación Granadina para la Recuperación Memoria Histórica y de Pedro Fausto Canales, integrante de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid.

El calendario fijado por la Sala prevé que la fase testifical se extienda hasta este miércoles. Es la primera ocasión en que un tribunal escucha a víctimas del franquismo y la Guerra Civil.

Familiares de represaliados expusieron la semana anterior ante los magistrados que la investigación del juez Garzón era la única opción para obtener justicia. Además, el historiador Ángel Rodríguez Gallardo declaró que sin una investigación judicial era "imposible" conocer el "genocidio" cometido.

HASTA 20 AÑOS DE INHABILITACIÓN

La Sala decidió el pasado martes continuar con la vista tras rechazar las cuestiones previas esgrimidas por la defensa del juez de la Audiencia Nacional y por la Fiscalía para que fuera anulada entre ellas la aplicación al caso de la 'doctrina Botín'.

La Fiscalía, que apoyó todas las cuestiones previas planteadas por la defensa, no presenta acusación y solicita la libre absolución de Garzón -mantiene la misma postura en los tres procedimientos abiertos al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5-.

Por su parte, el sindicato Manos Limpias, que concurre como acusación popular junto a la asociación Libertad e Identidad, pide que Garzón sea multado e inhabilitado por 20 años.

En su escrito de acusación, Manos Limpias sostiene que en todas sus actuaciones, Garzón "era perfectamente consciente de su incompetencia; de la retroactividad sancionadora que adoptaba; de la prescripción de los delitos que perseguía; del fallecimiento de víctimas y autores; de la creación de una causa general en contra de los principios de legalidad, culpabilidad y personalidad; de la inaplicación del derecho consuetudinario internacional, y de la infracción en suma de los más elementales criterios de legalidad".

Por ello, piden al Supremo que imponga a Garzón la pena de 24 meses de multa, a razón de 30 euros al día, así como 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, y con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o funciones jurisdiccionales fuera del mismo, así como al pago de las costas procesales producidas incluidas las de la acusación Popular.

El ponente de la sentencia que se dicte por este caso será el magistrado Andrés Martínez Arrieta. Completan la Sala los magistrados Carlos Granados (que preside la vista), Perfecto Andrés Ibáñez, Julián Sánchez Melgar, José Ramón Soriano Soriano, José Manuel Maza Martín y Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.

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