Viernes 24/11/2017.

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Convocado para el miércoles el pleno de Aguadulce sobre la condena de la alcaldesa

El Ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla), finalmente, ha convocado para el miércoles de esta semana el pleno extraordinario reclamado por el Grupo de concejales de IU-CA, a cuenta de la condena de la primer edil, Isabel Ortiz (PSOE), a ocho años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público y al pago de una multa de 4.050 euros, por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación funcionarial urbanística.
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Jesús González Sánchez, portavoz municipal de IU-CA, ha informado a Europa Press de que la Secretaría General del Ayuntamiento, merced a la petición de su grupo, ha convocado a las 12,00 horas del miércoles el mencionado pleno extraordinario.

LOS HECHOS

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez pone de manifiesto que, en el presente caso, "el incumplimiento de la normativa urbanística resulta indiscutible", pues la alcaldesa de Aguadulce otorgó la licencia "de modo flagrante y patentemente arbitrario, con un olvido completo de la función pública urbanística y bajo un concepto mercantilista y pretendidamente social de la misma, en el mejor de los casos, que está por completo proscrito del ordenamiento urbanístico" español.

"Es patente que la concesión de la licencia está fuera de la dinámica legal y reglamentaria, y que se hace a persona vinculada de forma especial con la acusada, pues es un hecho cierto y reconocido que el beneficiario era el que poco después fue compañero de candidatura y concejal de la Corporación", prosigue la sentencia, que añade que la alcaldesa era conocedora "de estar actuando en total discordancia con la norma cuyo cumplimiento era ella la primera obligada a cumplir y hacer cumplir".

Las diligencias contra la alcaldesa se incoaron después de la querella interpuesta por la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico, que en el acto del juicio oral solicitó para la acusada nueve meses de prisión y ocho años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio, mientras que la acusación popular pidió un año de cárcel y diez años de inhabilitación. De su lado, la abogada de la procesada solicitó la libre absolución

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