En declaraciones a Europa Press, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, considera que «lo que necesitan los trabajadores de este país es empleo de calidad y no necesitan limosnas», tras lo que ha dejado claro que «el empleo que hay es el que genera la actividad económica» y considera que «no hay más actividad económica por fraccionar más el tiempo que necesita la gente para trabajar».
Lamenta que «la ocurrencia de ese señor –en alusión a Rosell– no entra ene el fondo de lo que de verdad interesa», y ha apuntado que los »minijobs» supone «copiar un modelo de otro país que tiene relaciones laborales absolutamente distintas y un sistema diferente».
Por tanto, Carbonero considera que esta propuesta «no resuelve el problema de desempleo ni los problemas derivados de la crisis; no apunta qué hace falta para reactivar la economía».
Carbonero además considera que Andalucía «se vería también dañada igual que el resto del país» y ha apuntado que este tipo de medidas «a quien más afectaría sería a colectivos de jóvenes y mujeres» y ah agregado que además «provocaría un efecto de sustitución de un empleo de calidad por empleo basura».
Por otro lado, en referencia a la propuesta de Rosell de la posibilidad de despedir a los empleados públicos siguiendo criterios de la empresa privada, Carbonero ha criticado que la patronal «está todos los días averiguando cómo deteriorar lo público y como achacar la crisis a los empleados públicos, presentándolos como culpables, con la idea de sacar ventaja del deterioro de lo público y ocupar ese espacio de negocio, privatizando servicios».
Carbonero ha lamentado que «en las mesas de negociación con los sindicatos, Rosell no plantea nada de esto» y ha criticado por otro lado que las reformas propulsadas por la UE «están provocando una pérdida de derechos, lo que está causando una bajada del consumo y nos coloca al borde de la recesión».
POSICIÓN DE UGT-A
Por su parte, la portavoz de UGT-A, Pilar Marín, ha lamentado que los representantes de loe empresarios «son los portavoces de las demandas que se llevan a cabo por parte del Banco Central Europeo (BCE), que es el portavoz del poder fáctico económico del mercado».
En declaraciones a Europa Press, Marín considera que la CEOE «se hace eco de propuestas que para nosotros son totalmente irresponsables y que no solucionan ni el grave problema de la crisis ni el grave problema del desempleo».
«La CEOE quiere asemejar una figura jurídica alemana que para nada atiende a las circunstancias de España pero pretenden ahogar al trabajador en la precariedad laboral», se ha lamentado Marín, quien considera que esta medida «para nada ayuda a nuestros jóvenes, que se convertirán en una generación de jóvenes abocados a medidas contempladas en países como Alemania, que no tiene nada que ver con la tipología de contrato que se plantea en España».
Asimismo, considera que esta propuesta «tampoco ayuda a mas de 400.000 familias en Andalucía que no tienen ningún tipo de ingresos» y advierte de que los empresarios «pueden acudir a una especie de chantaje ofreciendo a los trabajadores un »lo tomas o lo dejas»».
«Con esta propuesta se observa la catadura moral de ciertos representantes de la patronal cuando presentan una propuesta que saben que es injusta y encima se atreven a decir que es mejor eso que nada», ha criticado la portavoz de UGT-A, para la que éstas «no son sino medidas que no ayudan a reactivar la economía ni a reactivar el consumo sino que nos llevarían entrar claramente en una etapa de recesión; son medidas que ahondan en la precariedad y degeneración del mercado laboral».
Marín ha preguntado a los empresarios «para cuando adaptarán medidas que sí ayuden a salir de la crisis, que lleven a cabo una reforma fiscal y financiera que ataje la economía sumergida y la evasión fiscal, que apliquen medidas para la reactivación del crédito y den solidez a un tejido productivo e industrial».
Sobre la medida sobre los empleados públicos, la portavoz de UGT-A considera que los empresarios «tienen más interés en privatizar que otra cosa», tras lo que ha expresado su defensa de la negociación, de la eficiencia y la transparencia y ha pedido que «no se ponga en entredicho la profesionalidad más que ganada de los empleados públicos».