La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez Mercedes Alaya que cite a declarar como imputados por delitos de prevaricación, falsedad y malversación a varios altos y exaltos cargos de la Junta y a dirigentes de CCOO y UGT en relación a la ayuda de más de 22 millones de euros otorgada por la Junta a la multinacional del tabaco Altadis para financiar las prejubilaciones de sus trabajadores en el marco del expediente de regulación de empleo ejecutado en el año 2005.
En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pide a la magistrada que cite como imputadas a once personas en relación al ERE de Altadis, entre ellas los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, el actual director general de IDEA, Antonio Valverde, a uno de sus antecesores en el cargo, Miguel Ángel Serrano, y a la exasesora de Empleo María José Rofa.
De igual modo, y para evitar una posible prescripción de los delitos, solicita a la juez que dicte resolución y cite a declarar como imputados al exresponsable de Recursos Humanos de Altadis José Luis Relea y a varios dirigentes sindicales que firmaron el 3 de diciembre de 2004 el acuerdo del que derivó posteriormente el compromiso de pago asumido por la Junta, como son, por parte de UGT, el exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla y Blanca Uruñuela, y por CCOO, Antonio Perianes y Francisco Figueroa.
UGT, CCOO y Altadis, responsables subsidiarios
La Fiscalía, que también reclama dar traslado de las actuaciones a UGT, CCOO y Altadis como responsables civiles subsidiarios, argumenta su petición «en tanto no sea resuelta de manera definitiva por la Audiencia Provincial» su solicitud de formación de piezas separadas, «muy especialmente las piezas relativas a todas y cada una de las ayudas sociolaborales y ayudas directas dadas a empresas».
En este sentido, recuerda los datos recogidos en el Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas y asevera que es «consciente» de que «a la fecha no consta la confección e incorporación a las actuaciones de gran parte de los informes» de la Dirección General de Seguros y de la Guardia Civil sobre los expedientes de ayudas sociolaborales financiados por la Junta con cargo a los programas 22E y 31L.
Asegurar el retorno de fondos públicos
Así, y «con la finalidad de avanzar en la instrucción y evitar dilaciones innecesarias», la Fiscalía considera que «existen elementos suficientes» para que «se proceda ya a formular imputación contra personas que de forma indiciaria hayan participado en los hechos delictivos objeto de investigación»; para que se adopten medidas cautelares de naturaleza real «que aseguren el mayor retorno posible de fondos públicos por aquellas entidades que se hayan beneficiado presuntamente de forma ilícita», y para ordenar la práctica de diligencias de instrucción para el esclarecimiento de los mismos.
Anticorrupción relata que fue el 7 de noviembre de 2005 cuando Guerrero remitió un escrito a los compañías aseguradoras «comprometiéndose al abono de 26 millones de euros como pago de primas de las pólizas suscritas para 173 extrabajadores de Altadis», tras lo que, «con la finalidad de materializar los pagos de las primas», Guerrero, por parte de la Dirección General de Trabajo, y Serrano, por parte de IDEA, suscribieron el 19 de febrero de 2008 un convenio de colaboración.
El 20 de mayo de 2009, el entonces director general de Trabajo Juan Márquez dictó una resolución concediendo determinadas ayudas sociolaborales individuales a los extrabajadores de Altadis por importe de 20,1 millones de euros mediante el pago de las primas ya reseñadas y encomendado para ello a la agencia IDEA, tras lo que el 4 de noviembre de 2010 Daniel Rivera y Antonio Valverde suscribieron un acuerdo de extinción del convenio reseñado anteriormente.
Pagos cruzados
Finalmente, y según la Fiscalía, los pagos realizados por IDEA hasta el año 2010 suman 20,4 millones de euros, «a los que habría que añadir la cantidad de 1,8 millones mediante los denominados »pagos cruzados» ordenados por Guerrero».
Anticorrupción recuerda el informe pericial elaborado por la Intervención General del Estado, que asegura que «esta ayuda pudiera constituir una subvención a la empresa y no a los trabajadores, ya que la obligación de pago legalmente corresponde a ésta al derivar de compromisos asumidos durante el proceso de extinción de la relación laboral de sus trabajadores», de manera que la Junta «se habría hecho cargo del pago de obligaciones propias de la empresa».
Además, y según dicho informe, «no consta en el expediente examinado la existencia de ningún análisis económico realizado por la Junta que ponga de manifiesto si estas ayudas, en sí mismas, eran procedentes en atención a las circunstancias del beneficiario, especialmente en lo que se refiere a que la empresa no tuviera capacidad económica para hacer frente, en todo o parte, a las obligaciones asumidas por la Junta».
«Nulidad de pleno derecho»
La Fiscalía añade que, según el informe pericial, «en la concesión de esta subvención se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, lo que pudiera ser causa de nulidad de pleno derecho«, a lo que se suma que «no se han publicado por la Junta ni existen bases reguladoras para el otorgamiento de este tipo de subvenciones concedidas» por la Consejería de Empleo.
Asimismo, «no consta la existencia de ninguna norma dictada por la Junta en la que publiciten estas ayudas y se establezcan los criterios de selección de los beneficiarios, así como los baremos, límites y condiciones de las subvenciones a conceder para la financiación del coste de los ERE, por lo que los sistemas elegidos» por Empleo para determinar «tanto a la empresa elegida como los importes a financiar son totalmente discrecionales».
Por todo ello, y además de las citaciones como imputados de los exaltos cargos de la Junta, la Fiscalía reclama que se requiera a la Junta «para que aporte todas las agendas de las personas imputadas en la presente causa que desempeñen o hayan desempeñado cargo o puesto en la misma en el periodo objeto de investigación», así como que se oficie a la Dirección General de Seguros y a la Guardia Civil para que entreguen los informes relativos a Altadis.
Reclama un refuerzo del juzgado
Igualmente, solicita que se oficie a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz para que entregue todos los escritos remitidos por la Junta en relación al conflicto sociolaboral de los trabajadores de Altadis.
Por último, la Fiscalía asegura conocer «lo limitado de los recursos humanos y materiales» del Juzgado de Alaya «y el innegable y prolongado esfuerzo que se realiza por todo el personal del mismo», por lo que reclama que, «de ser acordadas las diligencias que se proponen, deberá procederse a un importante refuerzo» del mismo.
Una década con el ERE a cuestas
En 2005, el Ministerio de Trabajo aprobó el expediente de regulación de empleo (ERE) de Altadis que autorizaba la extinción de 898 contratos de trabajo, a través de prejubilaciones y bajas incentivadas. La Junta de Andalucía ayudó con más de 22 millones de euros a la multinacional para financiar las prejubilaciones de sus trabajadores, a través de la Junta de Inovacción y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
El 3 de dieciembre de 2004, el exresponsable de Recursos Humanos de Altadis José Luis Relea junto al exsecretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla y Blanca Uruñuela (UGT); por CCOO, Antonio Perianes y Francisco Figueroa, firmaron el acuerdo del que derivó posteriormente el compromiso de pago asumido por la Junta.
Estaba previsto que las extinciones se distribuyeran entre los distintos centros de trabajo que la empresa posee en Tarragona (donde se rescindieron 243 contratos), Sevilla (209), Cantabria (170), Cádiz (176), Logroño (40), Alicante (39) y Palazuelo, en la provincia de Valladolid (21). También se acogieron voluntariamente a las medidas, los empleados de los centros de Alicante, Logroño, servicios centrales, Investigación y Desarrollo y área de ventas.
El ERE, aprobado por el Ministerio, se enmarcó en el Plan Industrial que la empresa pretendía llevar a cabo para asegurar su viabilidad, en un contexto de «descenso del consumo y una cada vez mayor competencia», según indicó en una nota de prensa la tabacalera franco-española.
Pero, lo que despertó suspicacias en su día fue el proceso realizado por la Junta a la hora de otorgar las subvenciones concedidas. Así, la Fiscalía añade que, según el informe pericial, «en la concesión de esta subvención se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, lo que pudiera ser causa de nulidad de pleno derecho», a lo que se suma que «no se han publicado por la Junta ni existen bases reguladoras para el otorgamiento de este tipo de subvenciones concedidas» por la Consejería de Empleo.
Los pagos realizados hasta el año 2010 por la Agencia IDEA suman 20.477.820 euros, a los que habría que añadir 1.848.125 mediante los denominados «pagos cruzados» ordenados por el entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, según el fiscal.
Asimismo, «no consta la existencia de ninguna norma dictada por la Junta en la que publiciten estas ayudas y se establezcan los criterios de selección de los beneficiarios, así como los baremos, límites y condiciones de las subvenciones a conceder para la financiación del coste de los ERE, por lo que los sistemas elegidos» por Empleo para determinar «tanto a la empresa elegida como los importes a financiar son totalmente discrecionales».
Por todo ello, y además de las citaciones como imputados de los exaltos cargos de la Junta, la Fiscalía reclama que se requiera a la Junta «para que aporten todas las agendas de las personas imputadas en la presente causa que desempeñen o hayan desempeñado cargo o puesto en la misma en el periodo objeto de investigación», así como que se oficie a la Dirección General de Seguros y a la Guardia Civil para que entreguen los informes relativos a Altadis.
Alaya, experta en ERES
La juez Alaya también ha sido la instructora del caso de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía. La causa se inició en 2009, cuando el exportavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, denuncia ante el presunto intento de cobro de comisiones a unos empresarios por parte de dos exdirectivos de Mercasevilla. Aquí abreviamos los pasos más importantes en el »Caso ERE».
EN 2009
– El 24 de abril. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, denuncia ante la Justicia el presunto intento de cobro de comisiones a unos empresarios por parte de dos exdirectivos de Mercasevilla.
EN 2011
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– El 16 de marzo. La juez Mercedes Alaya admite a la Junta de Andalucía como acusación particular.
– El 30 de marzo. La juez pide a la Junta las actas de todas las reuniones de su Consejo de Gobierno.
– El 3 de julio. El Tribunal de Cuentas del Estado inicia una auditoría sobre los ERE tras una denuncia del PP.
– El 2 de agosto. Un Juzgado de Sevilla ordena a 16 prejubilados irregulares de Mercasevilla a devolver el dinero público recibido.
EN 2012
– El 10 de marzo. Ingresa en prisión el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero Benítez. Es el primer imputado en prisión.
– El 20 de marzo. Juan Francisco Trujillo, chófer de Francisco Javier Guerrero (Ex director general de Trabajo de la agencia IDEA), declara ante la juez que llegaron a gastar 25.000 euros mensuales de dinero público en droga.
EN 2013
– El 28 de noviembre. Se cierra la comisión de investigación parlamentaria.
– El 26 de marzo. El TSJA abre diligencias penales contra Francisco Javier Guerrero y Antonio Rivas por aprobar de manera irregular el ERE de Mercasevilla.
– El 3 de abril. En su comparecencia ante el pleno del Parlamento andaluz, José Antonio Griñán asegura que puede decir «sin bajar la mirada» que su Gobierno es «honrado».
– El 24 de abril. La magistrada Alaya bloquea 84 cuentas de José González Mata, dueño de la aseguradora Uniter.
– El 8 de mayo. La Fiscalía Anticorrupción pide una fianza de 258 millones de euros a cada uno de los exdirectivos de Vitalia imputados en la nueva fase del proceso.
– El 30 de mayo. La juez levanta el secreto sumarial sobre la última fase del caso.
– El 3 de junio. La Guardia Civil establece que 7,6 millones de euros fueron transferidos a los sindicatos por mediadoras en los ERE entre 2000 y 2010.
– El 8 de junio. La Audiencia de Sevilla amplía la imputación a Daniel Alberto Rivera, director general de Empleo de la Junta entre 2010 y 2012.
– El 10 de junio. El consejero delegado de Construcciones Juan de Robles, Eduardo Báñez, hermano de la ministra de Empleo, niega connivencia con otras empresas que acudieron al concurso de compra de los terrenos de Mercasevilla.
– El 17 de junio. La juez imputa ocho delitos a José González Mata, dueño de la aseguradora Uniter y eleva a 51 millones sus cobros.
– El 18 de junio. La juez decreta
prisión para el dueño de Uniter , José González Mata, eludible bajo fianza de 600.000 euros.– El 2 de julio. Alaya imputa a la exministra de Fomento Magdalena Álvarez y a una veintena de altos cargos de la Junta de Andalucía.
– El 6 de agosto. La juez imputa a dos hijos de Ruiz Mateos y otras 21 personas.
– El 27 de agosto. Griñán dimite como presidente de la Junta de Andalucía.
– El 10 de septiembre. La juez imputa a los ex presidente de la Junta
Manuel Chaves y José Antonio Griñán . Y también a los ex consejeros Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y José Antonio Viera.– El 3 de octubre. El exviceconsejero de Economía y Hacienda entre 1990 y 2004 José Salgueiro (el segundo de Magdalena Álvarez) se acoge a su derecho a no declarar. Alaya le imputa malversación y prevaricación.
– El 8 de octubre. La exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez comparece ante la jueza. La jueza le imputa prevaricación y malversación de caudales públicos.
– El 7 de noviembre. La exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez declara por segunda vez ante la jueza. Vuelve a defender su actuación.
– El 15 de noviembre. Alaya amplía la investigación a todas las consejerías de la Junta. Pide a la Administración andaluza que le remita información de cualquier ayuda concedida por cualquiera de sus consejerías a un grupo de 35 empresas.
– El 19 de diciembre. La jueza vuelve a preimputar a los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, así como a cinco exconsejeros: Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Manuel Recio y Antonio Ávila.
En 2014
– El 3 de febrero. Alaya investiga las cuentas de los sindicatos CC OO y UGT para conocer cuánto llegaron a cobrar de la Junta.
– El 10 de febrero. La magistrada imputa al empresario José María Ruiz Mateos y a su hijo Zoilo por la inclusión de intrusos en varios ERE del grupo Nueva Rumasa. Y decide devolver el DNI al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.
– El 5 de marzo. La juez acuerda pedir al Parlamento andaluz documentos sobre el conocimiento de su Comisión de Economía pudo tener de las transferencias de financiación utilizadas para pagar las ayudas que se investigan.
– El 7 de marzo. El abogado de dos exaltos cargos de la Junta reclama a Alaya que eleve el caso al Supremo. Además, la Audiencia decide que la juez deje de investigar el caso de las facturas falsas de UGT-A, al entender que no guarda relación con el caso de los ERE.
– El 10 de marzo. La jueza cita nuevamente al empresario José María Ruiz-Mateos y le advierte de que la orden de citación puede convertirse en una de detención.
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