Sábado 03/12/2016.

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El fiscal cambia la petición de prisión para el exalcalde de Cómpeta por multa

El ministerio público retira, además, la acusación a la secretaria municipal
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La Fiscalía de Málaga ha cambiado por multa la petición inicial de cárcel realizada para el exalcalde de la localidad malagueña de Cómpeta Leovigildo López por un delito sobre la ordenación del territorio, además de que ha retirado la acusación inicial para una de las procesadas y ha estimado que se debe aplicar la atenuante de dilaciones indebidas.

Así, el fiscal ha modificado sus conclusiones iniciales y ha retirado la acusación para una de las procesadas, en concreto para la secretaria municipal, al considerar que tras el juicio los indicios iniciales no se han transformado en pruebas, ya que existió una advertencia de que se podía estar cometiendo una irregularidad, según ha explicado en su informe final.

Asimismo, ha sustituido la pena de un año y tres meses de prisión que solicitó inicialmente para el exregidor y otras tres personas --dos exediles y un técnico-- por multa de 12 meses a 10 euros diarios, lo que supone 3.600 euros, manteniendo los 10 años de inhabilitación para cargo o empleo público. Según ha explicado, aunque los hechos son graves, no como para penas de prisión.

Según la acusación, en noviembre de 2004 se presentó solicitud para el proyecto de actuación de las obras de una vivienda en la zona conocida como 'Pago de El Cerro', suelo clasificado no urbanizable aplicando los parámetros de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). En marzo de 2005, la Junta de Andalucía hizo un informe desfavorable a dicho proyecto.

El motivo era que "no se consideraba la necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada cuando esté vinculada a un destino con fines agrícolas o ganaderos". En este sentido, la técnico-perito que ha declarado este viernes ha ratificado que las obras no eran legalizables porque no está justificada a una explotación agrícola según las características de la parcela.

No obstante, uno de los acusados, actuando como asesor técnico municipal, emitió un informe en abril de 2005 con un contenido favorable a la aprobación y la comisión de Gobierno, integrada por López, y otras dos personas más otorgó la licencia conociendo los miembros, que votaron a favor, el informe "sobre la no adecuación de lo pretendido.

El fiscal ha sostenido en su informe final que a consecuencia de los informes y la aprobación del proyecto se produjo un "resultado injusto y arbitrario", indicando que no se puede justificar la construcción "porque sea algo habitual o normal". Así, ha considerado que se actuó "con desprecio a los intereses generales, en favor de los particulares", aunque no haya existido contraprestación.

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