Jueves 08/12/2016.

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El proyecto del anillo ferroviario presenta deficiencias y contradicciones, según un informe de la UMA

Asegura que se trata de "un proyecto prefijado", ya que "primero se ha realizado el diseño y posteriormente el impacto" medioambiental
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El proyecto del anillo ferroviario presenta deficiencias y contradicciones, según un informe de la UMA El proyecto del anillo ferroviario presenta deficiencias y contradicciones, según un informe de la UMA

El informe sobre el proyecto del anillo ferroviario en la Vega de Antequera (Málaga) solicitado por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Málaga a la cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de Málaga (UMA), indica que presenta deficiencias y contradicciones, además de que incumple todos los condicionantes jurídicos en el ámbito estatal y autonómico andaluz.

El catedrático de Derecho Administrativo de la UMA, Ángel Sánchez, ha manifestado este jueves en rueda de prensa que el proyecto incumple todos los requisitos requeridos a cualquier administración pública que inicia una actividad, ya que no ha justificado el objeto de su actividad ni el interés económico que lo avala ni las garantías jurídicas.

Según Blanco, "este proyecto se encuentra en severo conflicto con el ordenamiento jurídico español", en concreto, con el Plan Especial de Protección del Medio Físico aprobado en 2007 por la Junta de Andalucía y recogido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, que prohíbe actuaciones de extracción de áridos y arenas, actividades mineras así como, instalaciones e infraestructuras anexas en la Vega de Antequera.

Ha explicado que este texto normativo "valora el elevado interés productivo en materia agrícola de esta zona de suelos fértiles y con abundancia de agua" y hace referencia "al interés paisajístico como estructuras y usos agrarios tradicionales de interés social y ambiental".

Asimismo, entre el resto de textos legales en los que incurre este proyecto, también se encuentran el Convenio Europeo del Paisaje, la Ley del Suelo, la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.

Por otra parte, el catedrático ha informado que en dicho estudio, el anillo ferroviario ha sido calificado por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) como "línea de ferrocarril de largo recorrido", cuando en realidad no será de uso público, ya que "se trata de un circuito cerrado que será utilizado por empresas privadas para que experimenten en esta pista de pruebas".

Sánchez ha precisado que "es necesario buscar un lugar óptimo en el que puedan radicarse las instalaciones sin perjudicar las producciones agrícolas y agroindustriales, sin destruir la riqueza natural, ambiental-pasajística, productiva y poblacional". Como ejemplo, ha mencionado dos zonas áridas como son los municipios de Medina del Campo (Valladolid) y Monegros (Zaragoza).

El catedrático ha explicado que "la viabilidad jurídica del proyecto del anillo ferroviario requiere derogar todos los textos legales citados, alternativa de difícil viabilidad en un estado de derecho, lo que implica que este proyecto es nulo de pleno derecho".

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Por su parte, el ingeniero técnico de minas Pedro Mayoral ha realizado un análisis sobre el estudio de Impacto Medioambiental realizado por ADIF, en el que ha encontrado "muchos factores importantes que no han sido estudiados ni detallados con la intensidad y rigurosidad que requiere una obra de esta magnitud".

Entre las primeras incongruencias que se han encontrado, Mayoral ha indicado que desde el principio se ha tratado de un "proyecto prefijado", ya que "primero se ha realizado el diseño y posteriormente el impacto", motivo por el que todas las acciones inherentes del proyecto resultan para ADIF "compatibles con el medio ambiente".

El ingeniero técnico ha concretado que "este proyecto no cuenta con un estudio de alternativas en diversos espacios públicos para determinar la compatibilidad con el diseño, ya que está orientado a ser implantado en el mismo espacio físico y desde el punto de vista técnico, afecta a los mismos factores medioambientales".

"Desde siempre se ha descartado la idea de que este proyecto no sea viable, puesto que han considerado que es necesario su existencia para la economía del país", ha agregado.

Por otro lado, Mayoral ha señalado que "los factores que este estudio ha analizado se han utilizado con métodos tendentes a dividir los efectos que tiene la obra proyectada", de forma que "no se ha detallado con suficiente precisión los daños socioculturales y socioeconómicos que pueden llegar a producirse".

Entre otros factores, también ha criticado "la afección medioambiental de las zonas que van a almacenar el material necesario de las obras, ya que oscila entre 12 y 14 toneladas, lo que se puede comparar con la afección que puede producir la existencia de 30 canteras en una misma zona".

Asimismo, ha apuntado que las zonas adjudicadas como préstamos y vertederos quedarán "inservibles de por vida", ya que el material que existe en el terreno "no es de buena calidad y será sustituido por otros más óptimos". Asimismo, ha señalado que se producirá "una transferencia de características litológicas importantes, que pueden ser perjudiciales".

A su vez, el presidente de Asaja, Carlos Blázquez, ha insistido en que la ubicación del anillo ha sido elegida "de forma caprichosa y arbitraria, sin tener en cuenta una de las zonas más productivas de Málaga y más ricas de Andalucía y España".

De este modo, "ha alegado que "desde que conocimos el proyecto hemos intentado que la administración aplique el sentido común, pero en vista de que no ha sido así, no nos queda otra que exigir que apliquen la Ley". Por tanto, ha aseverado que "con este informe del catedrático de la UMA queda evidencia clara de que la ley no se ha aplicado y que el proyecto es nulo".

Por último, el presidente de la organización agraria ha "asegurado que Asaja está dando todos los pasos pertinentes para que se pare este proyecto, como ya hicimos el pasado martes al presentar más de 2.000 alegaciones en contra de esta obra". "El siguiente paso es dar a conocer este informe al Defensor del Pueblo y al Parlamento Europeo y esperar que el Ministerio de Fomento recapacite y se ajuste a la ley".

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