Martes 06/12/2016.

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Sumario de 'Astapa' apunta a valoraciones de terrenos a la baja por casi 22 millones en 4 convenios

La Policía señala el "alto nivel de vida" de la familia del exedil Crespo y "la gran cantidad de dinero en metálico que utilizaban"
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Investigadores del caso 'Astapa', contra la presunta corrupción en Estepona (Málaga), mantienen que en dicho Ayuntamiento se realizaban valoraciones de terrenos "a precios inferiores a los de mercado para poder exigir a posteriori a empresas cantidades destinadas a diferentes fines, sin el control de Intervención y Tesorería" y apuntan a que, según el análisis de cuatro convenios, las valoraciones supondrían una diferencia a la baja de casi 22 millones de euros.

Así se desprende del informe, fechado en marzo de 2011 y realizado para analizar los documentos intervenidos en la vivienda y despacho profesional del técnico del Ayuntamiento, Javier Wittmeur, imputado en la causa y persona que, según la Policía, "se encargaba de realizar las valoraciones de los aprovechamientos no susceptibles de apropiación privada para que el Ayuntamiento de Estepona pudiera conveniar con diferentes mercantiles propietarias de terrenos".

Según dicho documento, incluido en el sumario del caso y al que ha tenido acceso Europa Press, esas valoraciones "a petición de José Flores --ex jefe de gabinete de Alcaldía-- y de Manuel Reina --exedil de Hacienda, ambos imputados-- serían inferiores a los precios de mercado". En este punto, se precisa que en ese momento se habían analizado cuatro convenios por parte del perito arquitecto de la Agencia Tributaria.

Así, precisa que en el convenio 'El Ángel', de febrero de 2004, la valoración del técnico imputado fue de 977.508 euros "y la del perito arquitecto 1.626.840 euros", con lo que "existiría una diferencia de 649.932 euros". En el caso del convenio Valle Romano, la diferencia sería de 7,2 millones; en el de Arroyo de Enmedio Este alcanzaría supuestamente los 10,4 millones; mientras que en el del Camino del Cerrillar sería de 3,7 millones de euros.

Además, se añade que "muchas de las empresas que conveniaron con el Ayuntamiento de Estepona pagaron cantidades extra convenio". Así, se alude por parte del fiscal Anticorrupción encargado de este caso a la "sistemática infravaloración" de los aprovechamientos y a las "numerosas irregularidades en materia de disciplina urbanística reflejadas" en el informe de la Inspección Urbanística de la Junta de Andalucía.

PRESUNTOS PAGOS

En el informe anterior, se destacan los presuntos pagos "que han realizado a Wittmeur dos mercantiles con intereses urbanísticos", los cuales, según se apunta, "podrían deberse a pagos encubiertos para el partido al que pertenecía, el Partido Estepona (PES), o bien a pagos en compensación por sus resoluciones positivas en los informes emitidos", por lo que en ese momento de la investigación se consideró necesario hacer un seguimiento a dichos ingresos.

Respecto a presuntos pagos, en otro informe, se analizan los documentos intervenidos en el domicilio del que fuera primer teniente de alcalde, José Ignacio Crespo, cabeza de lista por el PES, aunque indican los investigadores que entre la documentación intervenida en su vivienda particular "no se ha encontrado documentación que lo vincule directamente con las actividades ilícitas investigadas", sí se han analizado documentos.

En este sentido, en ese informe, fechado también en marzo de 2011, se precisa que "sí se ha encontrado una prueba indiciaria que indicaría que José Ignacio Crespo, con la intermediación de su mujer, habría recibido un pago directo de una mercantil con intereses urbanísticos en Estepona", empresa que firmó en diciembre de 2004 el convenio Cortijo de Enmedio con el Ayuntamiento, iniciando el plan de sectorización de los terrenos en el año 2005.

Asimismo, se hace referencia al "alto nivel de vida que mantenía la familia" Crespo Conde y "la gran cantidad de dinero en metálico que utilizaba", instando la Policía a que se realice un estudio pormenorizado por parte de peritos de la Agencia Tributaria sobre las cuentas bancarias relacionadas con el matrimonio. En este punto, se considera necesario ver si han dejado rastro determinados movimientos como distintas compras.

También se muestra interés por la contratación de obras entre 2004 y 2005 por un importe de 100.000 euros "pagados en efectivo" o las compras de muebles a una empresa por distintas cantidades "todas ellas pagadas también en efectivo"; así como distintas estancias en un hotel de Ibiza. Al margen de esto, el juez instructor acordó a finales de junio que se emitiera una comisión rogatoria a la República Checa para determinar el patrimonio y activos financieros del matrimonio.

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