Sábado 10/12/2016.

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La Junta resuelve más de un millar de expedientes relativos a playas desde abril

La Junta de Andalucía ha resuelto en la provincia de Málaga, desde que se hizo efectiva la transferencia de competencias en materia de ordenación y gestión del litoral el pasado mes de abril, un total de 1.175 expedientes, en los que se han concedido autorizaciones a quioscos, hamacas, canales e instalaciones náuticas, varaderos, zonas infantiles o eventos.
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La Junta resuelve más de un millar de expedientes relativos a playas desde abril La Junta resuelve más de un millar de expedientes relativos a playas desde abril

Por comarcas, la Costa del Sol occidental destaca con el mayor número de autorizaciones concedidas, concretamente a los municipios de Marbella (248 expedientes), Torremolinos (188) y Fuengirola (115).

La Consejería de Medio Ambiente tramita, actualmente, 173 expedientes, con los que se otorgarán las concesiones a chiringuitos de la costa malagueña. Estos informes se encuentran en distintas fases del proceso.

El proceso se inicia con la recogida de la documentación requerida por la Administración, entre la que destaca el proyecto básico, la memoria descriptiva y justificativa, los planos o el presupuesto de obra.

Tras la recopilación de la información requerida, la Consejería de Medio Ambiente examinará la propuesta y realizará la petición de informes oficiales a las delegaciones provinciales de Turismo, Comercio y Deporte y de Obras Públicas y Vivienda, a los ministerios de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y de Defensa, así como al ayuntamiento del municipio donde se pretende ubicar el chiringuito.

El plazo de resolución de los expedientes por parte de la Junta es de ocho meses, una vez que se haya iniciado el trámite y se cumplan los pasos administrativos de información pública, periodo de alegaciones, oferta de condiciones al peticionario y propuesta.

SEGURIDAD JURÍDICA DE LOS CHIRINGUITOS

El delegado provincial de Medio Ambiente del Ejecutivo andaluz, Francisco Fernández España, ha asegurado en un comunicado que desde la Consejería se garantizará la seguridad jurídica del sector. "La Junta trabaja para dar seguridad a los empresarios de playas, siempre con el firme cumplimiento de la ley", ha afirmado.

Asimismo, ha resaltado "el entendimiento y trabajo constante" que la Junta realiza junto al sector de los hosteleros de playas. "Ambas partes estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para garantizar la seguridad de empresarios y trabajadores de este sector, uno de los mayores motores económicos de la provincia", ha subrayado el delegado.

El traspaso de las funciones, los medios y los servicios en materia de gestión y ordenación del litoral, previsto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, se formalizó el pasado 12 de enero en una reunión presidida por el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial y Administración Pública, Manuel Chaves, y la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno. Su regulación se recoge en el Real Decreto aprobado el 21 de ese mes.

Las funciones transferidas contemplan las autorizaciones y concesiones de ocupación y aprovechamientos del dominio público marítimo-terrestre relativas a playas, acantilados, dunas, marismas o humedales, entre otros espacios costeros.

Entre estos permisos, se encuentran los relativos a los chiringuitos, así como la realización de vertidos, las explotaciones de acuicultura y recursos mineros o energéticos, las actividades que requieren instalaciones desmontables durante un periodo superior a un año, la ejecución de obras fijas en el mar y las infraestructuras menores como embarcaderos, pantalanes o varaderos.

La Administración andaluza también pasó a regular los usos de temporada en las playas --por ejemplo, zonas de baño y ocio-- y en el mar territorial --áreas de fondeo o pantalanes flotantes, entre otros--.

Finalmente, se estableció la participación de la Comunidad en la planificación y programación de las obras de interés general, así como en la gestión de las adscripciones al dominio público marítimo-terrestre para construcción, ampliación o modificación de puertos y vías de transporte de titularidad autonómica.

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