Domingo 11/12/2016.

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Hacienda ratifica negocios en los que la presencia de Roca "garantizaba" su desarrollo

Los peritos de la Agencia Tributaria que han participado en la investigación del caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en Marbella (Málaga), han ratificado sus conclusiones sobre las operaciones inmobiliarias analizadas en la causa y han reiterado la importancia de la presencia del supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, para garantizar su desarrollo.
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Hacienda ratifica negocios en los que la presencia de Roca "garantizaba" su desarrollo Hacienda ratifica negocios en los que la presencia de Roca "garantizaba" su desarrollo

A preguntas del ministerio fiscal, los expertos han repasado los pasos que se dieron para llevar a cabo distintas operaciones, en las que aparecen sociedades vinculadas a Roca, administradas por algunos de los acusados de blanqueo de capitales en este bloque del juicio, que continuará este martes con el interrogatorio por parte de los abogados a estos dos funcionarios de Hacienda.

Entre estos negocios, se ha analizado la compra de la finca La Concepción, a través de la adquisición de acciones de sociedades vinculadas a Roca y al exalcalde Jesús Gil. El fiscal sostiene que con la entrada de nuevos socios, acusados en este bloque, se pretendía desarrollar urbanísticamente los terrenos con la construcción de un campo de golf y viviendas.

En este sentido, los funcionarios han explicado cómo se adquirió la finca y cómo había en el capital social algunas "participaciones ordinarias y privilegiadas". Han señalado que en la financiación hubo "ingresos en efectivo que se hicieron constar como préstamos" y han añadido que el pacto era que el nuevo socio "tenía que pagar por las participaciones y librar las deudas con terceras personas".

Han destacado que esas acciones privilegiadas "se daban con carácter personalísimo", de forma que "nada más podían hacer uso de ellas" sociedades vinculadas a Gil y a Roca. Así, han subrayado que "era razonable" que se asegurara la participación de este último "porque desde mi perspectiva era el que garantizaba el buen fin de la operación y el desarrollo de la promoción inmobiliaria".

Han dicho que las posibilidades de desarrollo urbanístico implicaban una modificación de las características del suelo. Se han referido a los instrumentos utilizados para cambiar la clasificación, entre ellos un plan parcial y un convenio, ratificando las palabras del fiscal de que se trata de una configuración con base en "una normativa futura".

A nivel general, uno de los funcionarios de la Agencia Tributaria ha indicado que estos cambios urbanísticos se plasmaban a veces de manera formal con convenios urbanísticos, aunque en otras ocasiones "ni siquiera existía esta formalidad, simplemente el señor Roca cambiaba los parámetros en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)".

Los expertos también se han referido a otros negocios y sociedades vinculados a Roca. Así, han indicado que el intentar que cada empresa tuviera un domicilio social diferente "era una garantía por si se intervenía una de ellas, era la creación de cortafuegos", explicando que la actividad de algunas de éstas no es más que "proporcionar a la estructura u organización criminal un nuevo domicilio".

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