Miércoles 07/12/2016.

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Alcalde de Alhaurín el Grande dice que "jamás" se pidió dinero ni se cometió ilegalidad en licencias

Asegura que no se firmaban decretos que tenían advertencia de ilegalidad, pero que no se veían los informes técnicos
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Alcalde de Alhaurín el Grande dice que "jamás" se pidió dinero ni se cometió ilegalidad en licencias Alcalde de Alhaurín el Grande dice que "jamás" se pidió dinero ni se cometió ilegalidad en licencias

El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón, ha asegurado este viernes que "jamás se ha solicitado a cambio de una licencia dinero a nadie, ni a cambio de nada" y ha declarado que "nunca condicionamos nada a que alguien tenga que pagar". "En ningún caso se condiciona una resolución o se comete una ilegalidad a cambio de patrocinio y por supuesto para beneficio personal mucho menos", ha insistido.

Martín Serón, acusado de los delitos de prevaricación omisiva y cohecho pasivo en el caso 'Troya', contra la presunta corrupción urbanística en dicha localidad, ha insistido en que "nunca" recibió dinero de los promotores procesados en la causa y "jamás" ha tenido ofrecimiento de cantidad de dinero alguna por parte de los mismos.

El alcalde de dicha localidad ha asegurado que las funciones en cuestión de licencias estaban delegadas en el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, también acusado, aunque ha dicho que no se firmaban decretos si presentaban advertencia de ilegalidad. Ha afirmado que para la aprobación no veían los informes técnicos, aunque ha señalado que los reparos se les solía comunicar verbalmente.

"Yo he estado en la oposición y he visto cómo se firmaban decretos con informes de ilegalidad y reparos incluso en el decreto, eso no lo encontrará usted desde que yo estoy", ha contestado al fiscal, añadiendo que "nosotros no entendemos, no somos abogados, ni somos jurístas, ni técnicos". También ha intentado justificar los ingresos en efectivo en sus cuentas bancarias y en las de dos sociedades.

La Fiscalía de Málaga solicita en su escrito de conclusiones provisionales una pena de cuatro años y medio de prisión y 19 de inhabilitación para el alcalde, al que acusa de los delitos de prevaricación omisiva y de cohecho pasivo. La acusación sostiene que en dicho Ayuntamiento "venía funcionando una trama cuyo objeto no era otro que obtener el enriquecimiento personal ilícito de ciertas autoridades municipales".

El ministerio público señala en su calificación inicial que esto consistía en "ofrecer a empresarios la posibilidad de obtener una mayor edificabilidad a cambio de una retribución" y mantiene que "al frente de dicha trama" estaba el edil de Urbanismo, aunque estima que los hechos "eran conocidos por el alcalde", quien "va a permitir la conducta delictiva de su concejal", obteniendo a cambio, presuntamente, "la oportuna participación en el dinero".

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