Sábado 10/12/2016.

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Afectados por el cierre del espacio aéreo recurrirán el archivo del caso de los controladores

La Agrupación de Demandantes Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo va a recurrir la decisión del Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga de archivar de forma provisional el caso contra los controladores que no acudieron a sus puestos de trabajo los días 3 y 4 de diciembre de 2010, para lo que este lunes se ha personado como acusación en la causa, según ha informado el abogado del colectivo, Luis Vericat.
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Afectados por el cierre del espacio aéreo recurrirán el archivo del caso de los controladores Afectados por el cierre del espacio aéreo recurrirán el archivo del caso de los controladores

El letrado ha explicado que el archivo no es firme y la causa "está aún abierta", por lo que el colectivo, a través del despacho Cremades & Calvo Sotelo, se va adherir al recurso presentado la pasada semana por la Fiscalía de Málaga, según ha indicado Vericat, quien ha apuntado que en todas las causas que existen por el cierre del espacio aéreo en varios juzgados españoles los jueces "continúan la instrucción".

En rueda de prensa, el abogado ha considerado que el caso de Málaga es "excepcional" y ha calificado el auto de sobreseimiento provisional de "sorprendente", al tiempo que ha significado que "no responde a la realidad de lo que sucedió". Ha confiado en que el juez o la Audiencia de Málaga "puedan nuevamente reabrir la causa y seguir con la instrucción" y ha asegurado que con la personación en éste y en el resto de procedimientos se pretende "que esto no vuelva a suceder".

"Que nunca más un colectivo pretenda defender sus derechos pisoteando los derechos de los ciudadanos", ha manifestado el letrado portavoz del colectivo, que aglutina a nivel nacional a más de 10.000 afectados por el cierre del espacio aéreo. Ha manifestado que este auto en estas fechas de vacaciones "no ayuda nada" y ha insistido en que los argumentos que se exponen por parte del juzgado en el documento "son inconsistentes".

El abogado ha recordado que el auto "sí constata que los controladores presentaron una incapacidad todos a la vez el mismo día, que la actuación se produjo en toda España y que provocó el cierre del espacio aéreo", pero se añade que no se tienen pruebas suficientes para concluir que esa actuación fuera intencionada ni que tuviera la finalidad de alterar el tráfico aéreo.

Por contra, Vericat ha apuntado que "nosotros entendemos que el tipo delictivo que podría aplicarse en ningún caso requiere la intencionalidad porque cuando los controladores abandonan el servicio de forma masiva ya de por sí es el delito" y ha manifestado que aún es pronto para concretar las imputaciones, aunque podrían ser por los delitos de sedición, de abandono de funciones --409 del Código Penal-- o de coacciones.

Ha considerado que "es evidente y de perogrullo que cuando todos deciden abandonar su puesto es porque están buscando alterar el tráfico aéreo". "Si alguien puede pretender creerse que es casualidad que 450 controladores aéreos un mismo día presenten todos un mismo formulario de disminución de capacidades, creo que es mucho pensar, nosotros tenemos el convencimiento de que hubo una concertación, un plan para ese plante masivo, que causó muchísimos perjuicios para muchas personas en España", ha indicado el letrado.

"SORPRENDIDOS E INDIGNADOS"

Vericat ha indicado que los perjudicados de Málaga están "decepcionados y también en una situación de indignación" por el archivo. A este respecto, uno de los afectados Alberto Rojas ha mostrado "sorpresa" por esta decisión porque "no entendemos cómo un juez puede, porque se le presentan 14 partes de baja del mismo día, sin más investigación y sin más preguntas, cerrarlo".

Ha explicado que su caso --iba de vacaciones y a recoger a sus hijos que estaban en Dublín-- no es el más grave, pero sí ha expresado que "nos vimos atrapados por esa enfermedad contagiosa de todos los controladores aéreos de forma conjunta" y ha apuntado que "a poco que se mire de forma global, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que es un complot previamente planeado".

Ha asegurado que a los afectados "nos indigna que no se investigue un poco más", indicando que "es una obligación de la Justicia ver qué hay detrás de todo esto". Además, ha asegurado que "sobre todo nos gustaría que esto no se volviera a repetir". "Si ahora la conclusión que este colectivo o cualquier otro pueda sacar de la resolución de Málaga es que con una mera excusa laboral pueden volver a hacer esto, nos parece una barbaridad", ha apostillado.

Respecto a los médicos que emitieron partes de asistencia, el letrado ha explicado que los controladores no necesitan una baja, sino rellenar un formulario y una declaración jurada y ha añadido que son "investigables y no hay que descartar ver qué partes médicos hay y lo que pusieron los médicos", pero, no obstante, ha indicado que "quizá se limitaron en ese momento a recoger las impresiones que les decían los controladores y no hicieron más".

COMPETENCIA Y DOBLE VÍA

El letrado portavoz ha señalado que el auto de archivo dictado en Málaga les lleva "a pedir de nuevo la conveniencia de que sea un único juzgado" el que se encargue de todas las causas y ha considerado que "quizá el juez de Málaga no tiene una visión global y eso le ha llevado a dictar este auto", apuntando que "hay mucha información, muchos hechos y mucha documentación que están en otros juzgados".

En este punto, ha dicho que el colectivo entiende que ese juzgado debería ser el de Madrid, por el número de afectados y porque sería allí donde "se habría organizado ese plante masivo", además de que se ha creado un juzgado bis para llevar este tema. Ha recordado que ya está planteada una cuestión de competencia en Madrid y que se está estudiando solicitarlo de nuevo, al ser un tema "jurídicamente complejo".

Por otro lado, ha señalado que, junto a la vía penal que se ejerce contra los controladores, está la demanda colectiva que la Agrupación presentará "en breve". Esa reclamación administrativa, en la que se pedirán 10.000 euros para cada afectado, se planteará contra Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), al entender que "las empresas públicas deben garantizar un servicio público y cuando no lo garantizan tienen la obligación de asumir las consecuencias", ha dicho.

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