Domingo 04/12/2016.

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Valderas investigará una posible malversación o desvío de tres millones en las ayudas de la UE a Astilleros

El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha anunciado este miércoles que va a comenzar un proceso de investigación para aclarar una posible malversación o desviación de dinero público en la subvención de la Unión Europea (UE) que recibió el astillero de Huelva, tras renunciar a su licencia de construcción de grandes buques.
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En rueda de prensa, tras mantener un encuentros con extrabajadores del sector naval onubense, Valderas ha explicado que, según la información con la que cuenta, del total de la ayuda de unos 19 millones, unos tres, destinados en su mitad al pago de los despidos y a la reconversión de la factoría para su reactivación para la reparación, "podrían haber tenido otro uso".

Para Valderas, habría que investigar el destino de estos tres millones de euros, a la par que ha lamentado que por el momento "no se han cumplido los compromisos".

De este modo, ha apuntado que va a poner en marcha iniciativas, reclamando información a la Junta de Andalucía, incluso una Proposición No de Ley y se va a dirigir "directamente" al consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, para hacer "una acción de estas características". "Hay que averiguar el destino de estos fondos", ha enfatizado Valderas, que ha dejado claro que "quiere profundizar y contrastar la información para saber si la Junta de Andalucía ha malversado o ha dedicado el dinero a lo que no correspondía".

"Yo no estoy hablando de que nadie se haya llevado el dinero, ya que cuando se habla de malversar se habla de que un dinero dedicado a una función se ha destinado a otra", ha explicado Valderas, que ha recordado que "no se han cumplido los compromisos ni con los despedidos, ni con prejubilados ni con los recolocables", ya que la veintena de despedidos siguen sin cobrar, ni se han puesto en marcha los cursos de formación para los recolocables, ni sus indemnizaciones.

Como parlamentario por la provincia de Huelva, Valderas ha asegurado que tiene la responsabilidad de averiguar "si el dinero, que tenía que ir a determinados compromisos se ha desviado hacia otros". A su juicio, esto pondría de manifiesto "un acto de ilegitimidad administrativa y económica, pues se estaría incumpliendo gravemente el destino de los recursos en este asunto".

En este sentido, ha remarcado que sospecha que los tres millones de euros del total podrían haber sido destinados al pago de prejubilaciones e indemnizaciones, ya que el montante para este fin se vio altamente aumentado debido a la inclusión por sentencia judicial de los trabajadores de las empresas auxiliares Nueva Lima e IINH en los acuerdos.

Por ello, la cuantía para este objetivo ha aumentado y precisaría de casi once millones más, que deben añadir Pymar y la Junta, para conseguir la cantidad necesaria para el pago de las prejubilaciones.

Además, Valderas ha reprochado a la administración autonómica que "los compromisos adquiridos no se estén cumpliendo", así como ha hecho hincapié en que los trabajadores incidan en su cumplimiento porque de no ser así, "si se termina la legislatura sin que se hayan cumplido, pueden perder las garantías que le haya dado el Gobierno actual".

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