Sábado 26/05/2018.

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El alcalde de Gójar (PP), a juicio desde este lunes por posible delito urbanístico

Se enfrenta a 10 años de prisión y 14 de inhabilitación y está imputado también el entonces concejal y exalcalde socialista Pedro Clavero
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El alcalde de Gójar (Granada), Francisco Javier Maldonado (PP), que es además diputado provincial de Función Pública, será juzgado desde este lunes y hasta el próximo 9 de noviembre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada por la posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio, otro de falsificación en documento público y un tercero falsificación en documento oficial, hechos por los que se enfrenta a 10 años de prisión y 14 de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público.

Concretamente, la Fiscalía Provincial de Granada le atribuye la supuesta concesión irregular de licencias para la construcción de tres casetas de aperos, la modificación del sentido de un informe técnico para darle legalidad, y la alteración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), asuntos por los que también están imputadas otras siete personas más, entre las que se encuentra el entonces concejal en la oposición, que al mandato siguiente sería alcalde, Pedro Clavero (PSOE).

Además de Clavero, se tendrán que sentar en el banquillo el que fuera primer teniente de alcalde, Eduardo Rodríguez Fernández, la actual concejal de Vivienda --entonces de Urbanismo--, Belén Carretero, el edil Pedro Morillas --hoy responsable del área de Economía y Urbanismo--, el arquitecto técnico municipal, la secretaria del Ayuntamiento y el secretario habilitado.

Según consta en el escrito de acusación pública, al que ha tenido acceso Europa Press, en la sesión de la Comisión Informativa del área de Urbanismo celebrada en el Ayuntamiento de Gójar el 18 de diciembre de 2003, el alcalde, su entonces primer teniente de alcalde, su concejal de Urbanismo, y otros tres concejales más --entre ellos el socialista Pedro Clavero-- resolvieron unánimemente emitir dictamen favorable a la concesión de las licencias para la construcción de tres casetas de aperos pese a que las parcelas no tenían la superficie mínima exigida para poder edificar en ellas, en contra de lo que había advertido el técnico municipal, y sin el informe jurídico preceptivo.

Posteriormente, el alcalde dictó una resolución de fecha 8 de enero de 2004, redactada por el secretario habilitado en el Ayuntamiento durante esas fechas, en la que, además de conceder las licencias "a sabiendas" de que eran irregulares, hizo constar que los informes técnicos habían sido favorables "para simular una apariencia de legalidad".

Durante la tramitación del PGOU, Maldonado dio lectura en todos los plenos de la Comisión de Urbanismo y de la corporación local de los informes emitidos por el arquitecto municipal, también procesado, en los cuales incluyó una alteración que avalaba la concesión de las licencias presuntamente irregulares de las casetas de aperos.

El PGOU es aprobado provisionalmente por el pleno del Ayuntamiento el 23 de mayo de 2003, y definitivamente en noviembre de ese año, después de que el arquitecto técnico presentar un informe sobre los cambios realizados en el PGOU sin mencionar el que incluía la alteración mencionada.

Todas estas actuaciones, mantiene el fiscal, se llevaron a cabo con el conocimiento de la secretaria del Ayuntamiento de Gójar, "que dejó de cumplir con sus obligaciones, ya que, como garante del cumplimiento de la ley, debería haber certificado y contrastado que todo tenía su aporte jurídico y documental".

Por todo, el exprimer teniente de alcalde, su entonces concejal de Urbanismo, y los otros dos concejales imputados --Clavero y Morillas-- se enfrentan a inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 8 años, y un año de prisión por un posible delito contra la ordenación del territorio.

El secretario habilitado, a cuatro años y medio de cárcel e inhabilitación por tres años por supuesta falsificación en documento público, y a la misma pena el arquitecto técnico y la secretaria del Ayuntamiento, por falsificación en documento oficial. Al alcalde se le atribuyen los tres delitos, por los que debe hacer frente a 10 años de prisión y 14 de inhabilitación.

Asimismo, el fiscal interesa la declaración de nulidad de la norma ilícitamente aprobada, y de las licencias amparadas por la misma, y la demolición de las obras realizadas, para que se proceda "al restablecimiento de la legalidad urbanística perturbada".

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