Viernes 09/12/2016.

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Los trabajadores de Locsa plantean un conflicto colectivo por las vacaciones impuestas por KME

Los trabajadores de Locsa, a través del comité de empresa, han planteado ante el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla) "un conflicto colectivo" por las vacaciones estivales que ha impuesto a toda la plantilla la propietaria de la factoría, la multinacional italoalemana KME.
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Los trabajadores de Locsa plantean un conflicto colectivo por las vacaciones impuestas por KME Los trabajadores de Locsa plantean un conflicto colectivo por las vacaciones impuestas por KME

Según ha explicado a Europa Press el presidente del comité de empresa de Locsa, Francisco Pozuelo, el conflicto colectivo planteado se refiere al "incumplimiento del convenio colectivo y del calendario laboral por parte de la empresa".

En primer término, está previsto para este viernes en el Sercla el preceptivo acto de conciliación entre empresa y trabajadores, que, en caso de acabar en desacuerdo entre las partes, conllevará, por parte de la plantilla, "la presentación de demandas a título individual" contra KME por los motivos expuestos.

Por otro lado, Pozuelo dice no tener constancia de que la empresa haya presentado todavía, aunque no duda que "lo hará", un recurso de alzada contra la resolución de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía mediante la que la Administración autonómica ha rechazado el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la empresa, que preveía la extinción de 89 contratos, además de prejubilaciones a partir de los 56 años y la recolocación de una veintena de empleados en las instalaciones de KME en Barcelona y en otras empresas de la multinacional en Alemania e Italia, pues KME tiene previsto cerrar Locsa.

Dicho recurso habrá de presentarlo la empresa, no ya ante Delegación de Empleo de la Junta en Córdoba, que resolvió no admitir el ERE, sino ante la Dirección General de Empleo de la Junta de Andalucía, que será también la que resuelva sobre dicho recurso de alzada, teniendo para ello un plazo de tres meses.

En concreto, en la resolución de la Junta se afirma no puede admitirse la solicitud de extinción, "máxime teniendo en cuenta que el fin último que el Estatuto de los Trabajadores persigue la continuidad de las empresas en condiciones de viabilidad, sin que en este caso KME Locsa proponga ninguna medida de saneamiento financiero que contribuya a superar la falta de rentabilidad alegada de la explotación y su viabilidad, limitándose a proponer el cierre y la extinción de toda la plantilla, pues del plan último presentado tampoco se deduce el mantenimiento de la actividad sino una expectativa de mantenerla por parte de terceros que adquieran la parte de fundición".

LA EMPRESA

Por su parte, la multinacional, a través del director general de KME Locsa, Andrés Barallobre, ha asegurado que no dará marcha atrás en su decisión de cesar la actividad en Córdoba, "para evitar seguir perdiendo más dinero". Por lo pronto, la producción de la planta se ha paralizado al decidir la empresa enviar a la plantilla de vacaciones, motivo por el que el comité ha presentado el citado conflicto colectivo ante el Sercla.

Barallobre, según recoge 'Diario Córdoba', ha insistido en que la fábrica cordobesa es "inviable", negando, por otro lado, que se hayan presentado ofertas de otras empresas para asumir la producción de Locsa y opinando, respecto a la resolución de la Junta, que "los argumentos que emplea la Junta son increíbles, habla de resultados del grupo y no tiene en cuenta las pérdidas acumuladas de Locsa, de 17 millones de euros, en los últimos cuatro años".

Por eso, la empresa ha decidido presentar el recurso contra la resolución de la Junta, "porque creemos que tenemos la razón y la planta no es viable". "Esta semana o a principios de la próxima lo llevaremos, pues los argumentos de la Junta son insustanciales y creemos que se desmontarán", según Barallobre.

Asimismo, ha señalado que la negociación con el comité de empresa ha finalizado, "salvo que quieran analizar el plan social", que recoge 45 días por año trabajado en un máximo de 42 mensualidades para los despedidos, añadiendo, por otra parte, que KME "cumplirá la ley, acometeremos la limpieza de los terrenos y no especularemos con ellos", en reacción a las acusaciones que, en tal sentido, le hacen los trabajadores a KME.

Respecto a la duración de la situación de vacaciones obligadas en la que se encuentra la plantilla, ha indicado que, "por lo menos", estará un mes, aunque "intentaremos extender" este periodo. "La planta está en parada estival y ya se verá lo que se hace".

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