Martes 06/12/2016.

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Concluye sin avenencia la reunión en el Sercla entre representantes de Locsa y la parte social

Los trabajadores piden "suspender cautelarmente por seis meses" los traslados a Barcelona y "revisar" los despidos y bajas voluntarias
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Concluye sin avenencia la reunión en el Sercla entre representantes de Locsa y la parte social Concluye sin avenencia la reunión en el Sercla entre representantes de Locsa y la parte social

La reunión que han mantenido este jueves representantes de Locsa, la centenaria factoría metalúrgica cordobesa que su actual propietaria, la multinacional italoalemana KME, quiere cerrar y prescindir de sus 120 empleados, y la parte social ha concluido sin avenencia, por lo que "continúa el proceso normal de los despidos y traslados".

Así lo ha confirmado a Europa Press el presidente del comité de empresa de Locsa, Francisco Pozuelo, quien ha puntualizado que en el tema de los doce traslados de empleados a la factoría de Barcelona "hay una consideración distinta, que no se ha recogido en el acta".

Según explica Pozuelo, "acogiéndonos al Real Decreto del 10 de junio, le haremos llegar a la autoridad laboral de Córdoba que utilice el artículo 29 de dicho decreto en el que se dice que de forma cautelar la autoridad laboral puede suspender como máximo seis meses la incorporación inmediata de los trabajadores a Barcelona", acción que se en principio se llevaría a cabo a finales de agosto.

Además, Pozuelo ha tenido constancia este jueves de "una carta que le ha mandado la secretaria general de Industria, Teresa Santero, a la dirección de la empresa, donde le vuelve a reiterar la necesidad y conveniencia del grupo para sentarse a hablar con la parte social para una mejor salida del conflicto y mantener el empleo en Córdoba", ya que, recuerda el representante de los trabajadores, "la Junta y el Ministerio de Industria están dispuestos a ayudar económicamente".

En concreto, el comité de empresa de Locsa había presentado este lunes un conflicto colectivo ante el Sercla, una medida con la que los trabajadores apuestan por "suspender cautelarmente por seis meses" el traslado forzoso de los once empleados cordobeses que irían a la factoría de Barcelona, puesto que, a juicio de Pozuelo, "no había nada acordado y es una imposición para trasladar obligatoriamente".

Asimismo, busca "aclarar" el conflicto de los despidos del mes de noviembre de 2010, "un total de 14 compañeros que fueron despedidos por causas económicas y de producción", apostilla Pozuelo, quien lamenta que "la empresa no deja de hacer despidos como los que ha hecho ahora mismo" --en relación a los últimos 12 despidos de hace unas semanas--. Por lo tanto, "podríamos pensar que no se hacen las cosas bien y queremos que intervenga la autoridad laboral", sentencia.

De igual modo, el comité de empresa ha acudido al Sercla para "revisar unas 15 bajas voluntarias forzosas con el fin de estudiar si se ha incurrido en alguna ilegalidad", algo que, a juicio del representante de los trabajadores, "lo hace la empresa para eludir un expediente de regulación de empleo (ERE)".

Con todo ello, los trabajadores creen que "la multinacional está empecinada y tiene interés en finiquitar esta historia lo antes posible en el sentido de acabar con la producción", precisa Pozuelo, quien apuesta por abrir una mesa de negociación.

Al respecto, critica que "no haya noticias de la empresa, cuando es una situación para hablar", por lo que los trabajadores no descartan realizar manifestaciones en próximos días "en función de cómo se desarrolle todo". Así, han decidido "seguir en la lucha" por mantener sus empleos y la actividad productiva de la fábrica, ahora inoperativa por decisión de la empresa.

'LOCSA NO SE CIERRA'

En este sentido, los trabajadores han acordado mantener vivo el lema de 'Locsa no se cierra', que ha marcado todas sus movilizaciones desde que el pasado abril KME anunció que iba a cerrar su planta cordobesa, alegando unas pérdidas acumuladas en los últimos cuatro años de 17 millones de euros, que ahora ha elevado a 20, al contabilizar el primer semestre de 2011.

Frente a esto y después de que la empresa presentara un ERE que afectaba a toda la plantilla y que la Junta rechazó al no verlo justificado, y tras el anuncio de KME de que instará concurso de acreedores para Locsa, los trabajadores no se van a rendir y, según ha subrayado Pozuelo, van a "intentar meterle el dedo en el ojo a la empresa, usando las leyes".

También piensan aprovechar en su favor "el apoyo incondicional del Ministerio de Industria y de la Junta de Andalucía", pues, según ha recordado el sindicalista, las administraciones públicas están dispuestas incluso "a ayudar económicamente en todo lo posible para continuar la actividad, con un nuevo modelo industrial, sin ningún problema", y los trabajadores utilizarán esa baza y cualquier otra legal que tengan a su alcance, "para parar este envite de la empresa", que la pasada semana despidió a 12 trabajadores y decidió el traslado forzoso de otros once a sus instalaciones de Barcelona.

Frente esta estrategia de KME, los trabajadores de Locsa siempre han destacado que la fábrica cordobesa es viable y rentable a plena producción y que incluso podría generar más empleo, una vez recuperados los clientes y las líneas de distribución de su producción de laminados y derivados de cobre y zinc en cuatro continentes, que KME había desviado en favor de sus factorías de Italia y Alemania, siendo esa la razón por la que la multinacional no estaría dispuesta, según los trabajadores, a dejar Locsa en manos de otro inversor, para que no le haga la competencia.

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