Miércoles 07/12/2016.

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La Audiencia juzga este martes a un acusado de estafar a un banco utilizando a su esposa

La Audiencia Provincial de Cádiz juzga el próximo este martes a un empresario para el que la Fiscalía pide tres años y seis meses de cárcel por los presuntos delitos de falsedad documental y de estafa, ya que, supuestamente, incluyó a su esposa, "sin su conocimiento ni su consentimiento", como fiadora de la empresa que él dirigía para conseguir de una entidad bancaria una póliza de crédito cuyas amortizaciones no cumplió.
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Según el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado, que se encontraba casado en régimen de gananciales desde 1996, era partícipe y administrador único de la sociedad unipersonal 'Jenaro Jiménez S.L.', constituida en 2003, bajo la cual negoció la concesión con una entidad bancaria de una póliza de crédito, a favor de su empresa, con una cantidad límite de 30.000 euros.

El acusado, que intervenía en la operación como fiador solidario de la empresa, con el fin de "reforzar su apariencia de solvencia" y lograr que el banco otorgara la póliza de crédito, "de forma mendaz y fraudulenta" y simulando actuar en nombre de su esposa, incluyó a la misma, "sin su conocimiento ni consentimiento", como fiadora personal del titular de la operación crediticia.

De esta forma, el acusado provocó que la entidad bancaria aceptara realizar la operación, al estimar que la misma ofrecía suficientes garantías de solvencia y así, retiró el misma día que se le facilitó el crédito la cantidad límite de 30.000 euros. Una operación en la que la mujer quedó obligada, como fiadora, con todo su patrimonio personal.

En 2008, la entidad bancaria presentó una demanda contra la empresa, contra el acusado y su mujer, en reclamación de la mencionada cantidad económica, aunque ésta presentó un escrito de oposición en la que alegaba la ineficacia de su condición de fiadora, debido a la existencia de una escritura anterior en la que el acusado renunciaba al apoderamiento que ella le había otorgado en 1998.

Según la Fiscalía, los hechos relatados constituyen un delito de falsedad en documento público, por lo que pide un año y tres meses de prisión, así como un delito de estafa, por el que pide dos años y tres meses de prisión.

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