Lunes 05/12/2016.

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Arenas pide un cambio "radical" en las políticas de agua de Andalucía

El Partido Popular, a través de su candidato a la Junta de Andalucía, Javier Arenas, ha pedido un cambio "radical" en las políticas andaluzas de agua respecto a las que está llevando a cabo el actual gobierno socialista de la Junta, dirigido por José Antonio Griñán.
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Arenas pide un cambio "radical" en las políticas de agua de Andalucía Arenas pide un cambio "radical" en las políticas de agua de Andalucía

En un acto público e institucional del PP en Tarifa (Cádiz), Arenas ha criticado que la Agencia Andaluza del Agua no "gaste lo que presupuesta", y también que desde San Telmo "se eliminen técnicos y funcionarios que saben de la materia", en beneficio de los políticos.

Ha resaltado el presidente del PP-A que en el ámbito del agua "no hay inversiones", pero por contra sí más impuestos "tanto para los regantes como para las familias". Es por ello que solventar los problemas de la titularidad del agua y otros asuntos relacionados requieren, en su opinión, de "ese cambio radical" que predente poner en marcha el PP si logra la confianza de los ciudadanos en las próximas elecciones autonómicas, aún sin fecha oficial.

Este sábado el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trillo, ha asegurado que la reforma de la Ley de Aguas, que se llevó a cabo este viernes en el Consejo de Ministros, "abre la puerta a una solución estable, integral y compartida" entre la Junta y el Gobierno central en la gestión del río Guadalquivir.

El consejero ha valorado que la reforma de la Ley de Aguas "permite asumir a Andalucía la gestión de policía de aguas, lo que significa una parte de competencias propiamente andaluza en la gestión" del citado río, que se traducirá en unos días en un decreto ley para que Andalucía asuma estas funciones.

En este sentido, ha insistido en que con esta reforma se da cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló en marzo el artículo 51 del nuevo Estatuto, lo que permitió la transferencia a la Junta de las competencias sobre el Guadalquivir, y también se satisfacen "las aspiraciones legítimas" del pueblo andaluz, que en referéndum y estatuto de 2007 contemplaba la gestión de las aguas de Guadalquivir que transcurren por Andalucía.

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