Sábado 16/12/2017.

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El protocolo Junta-MARM para demoler el hotel del Algarrobico obliga a crear una comisión mixta de seguimiento

El protocolo de colaboración suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) y la Junta de Andalucía para la recuperación de la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), obliga a crear una comisión mixta de seguimiento que deberá elaborar el borrador del acuerdo por el que ambas administraciones "cofinanciarán" la restauración de la zona donde se levanta el hotel de Azata del Sol.
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El documento, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), estipula que será el MARM el que asuma el coste de la demolición del inmueble de 22 plantas y 411 habitaciones aunque lo condiciona a las "disponibilidades presupuestarias" mientras que a la Junta de Andalucía le atribuye, con el mismo condicionante, la labor de desescombro y la correcta gestión de los residuos generados en el derribo.

La citada comisión mixta asumirá, asimismo, las funciones de adoptar un plan de actuación conjunto, efectuar el seguimiento para velar por su correcta ejecución, y proponer convenios específicos que tengan por objeto actuaciones concretas para el desarrollo del protocolo que firmaron el pasado día 15 por la titular en funciones del MARM, Rosa Aguilar y el líder del Gobierno andaluz, José Antonio Griñán.

El documento, cuya cláusula segunda obliga a la puesta en marcha de un plan de empleo juvenil en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar en aras de compatibilizar el objetivo de protección del medioambiente con la creación de riqueza, fija que el órgano colegiado estará integrado por tres representantes del MARM y otros tres de la Junta que se reunirán al menos una vez cada seis meses. Deja la puerta abierta, sin embargo, a la participación invitada de organizaciones conservacionistas, la patronal, sindicatos o expertos.

Ambas administraciones, que se comprometen a mantener "una relación fluida con respecto al intercambio de información y de cooperación para resolver en base al intereses general", deberán, al margen de sus competencias específicas, devolver a sus características naturales el paraje sobre el que se levanta el hotel de Azata.

Para ello, deberá promover el desarrollo sostenible de la zona y realizar una "adecuada" ordenación costera que asegure la integridad y los valores ecológicos del dominio público y de sus zonas adyacentes". Hay que recordar que el plan parcial del Sector ST1, en el que se levanta el inmueble, contempla la construcción de un residencial de 250 viviendas y que las Normas Subsidiarias (NNSS) de Carboneras mantiene la clasificación urbanizable del paraje en el que también se localizan otros dos sectores para su desarrollo urbanísticos, el ST2 y el ST3.

PLAN DE EMPLEO JUVENIL

Según recoge el protocolo, el plan de empleo juvenil para el parque natural de Cabo de Gata-Níjar incluirá la puesta en marcha de una Escuela-Taller enfocada a la restauración de los ecosistemas costeros y litorales del entorno de la playa de El Algarrobico una vez se haya demolido el hotel. La escuela-taller también atenderá la formación de jóvenes de cara a promover que estos desarrollen en el futuro su labor profesional en este espacio protegido.

En este punto, ambas administraciones se comprometen, asimismo, a contar con empresas locales para la ejecución tanto del derribo, como de la gestión de los escombros y de la restauración de la zona "siempre que ello sea posible y con estricta sujeción a la legalidad vigente" y a elaborar un plan de empleo verde del que no da más detalles.

El protocolo, que contempla que cualquiera de las partes pueda denunciarlo en caso de que se produzca un "grave incumplimiento" de algunas de sus cláusulas, está condicionado en todo momento a los pronunciamientos judiciales que se produzcan en los litigios en los que está envuelto el hotel de Azata del Sol y, sobre todo, por la sentencia que aún ha de dictar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y en la que se ha de ratificar o revocar el fallo de lo contencioso-administrativo que declaró en 2008 la nulidad de la licencia municipal de obras concedida por el Ayuntamiento carbonero a la promotora del inmueble.

Por este motivo, el documento especifica que el futuro cumplimiento de los compromisos adquiridos por MARM y Junta de Andalucía se hará "con el máximo respeto" a las resoluciones judiciales que recaigan y sin perjuicio de una posible responsabilidad de terceros que daría lugar a que los costes de la demolición y de la restauración ambiental no tuvieran que ser asumidos por la administración sino por quienes designasen los tribunales.

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