Viernes 09/12/2016.

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Navarro valora la "intervención" del juez tras el archivo de la causa por presuntos maltrato a discapacitados

La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, ha valorado este viernes la intervención de un juez ante la presunta comisión de delitos de malos tratos y de trato degradante en la residencia para discapacitados de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, en Sevilla, después de que se haya conocido el archivo provisional de la causa.
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Navarro valora la "intervención" del juez tras el archivo de la causa por presuntos maltrato a discapacitados Navarro valora la "intervención" del juez tras el archivo de la causa por presuntos maltrato a discapacitados

"Evidentemente el juez habrá tenido en cuenta todas las pruebas para archivar" el caso, ha trasladado Navarro. En declaraciones a los periodistas en Almería, ha defendido que se "extremen las precauciones" ante la "más mínima sospecha" de comportamientos como los que se han investigado.

"Estamos hablando de personas muy vulnerables y hay que extremar las precauciones para que esas personas estén atendidas, desde el máximo respeto y la calidad en la respuesta a sus necesidades especiales", ha subrayado.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Dos Hermanas (Sevilla) ha decretado el archivo provisional de la causa abierta contra siete personas por los presuntos delitos de malos tratos y trato degradante cometidos sobre los internos de la residencia para discapacitados que los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca poseen en la barriada nazarena de Montequinto.

La juez instructora entiende que no existen indicios suficientes para considerar que se produjeron malos tratos de manera sistemática, así como que los cuidadores de los discapacitados imputados en la causa no tuvieron intención de menoscabar la integridad física y moral de los internos.

Fue la propia Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía la que, en diciembre del año 2009, puso en conocimiento de la Fiscalía una serie de supuestas irregularidades cometidas en la gestión de este centro que cuenta con 30 plazas para discapacitados intelectuales, todas ellas concertadas con la Administración autonómica.

En esta línea, la titular del ramo, Micaela Navarro, ya informó de que, en septiembre de 2009, la Junta abrió un expediente administrativo por incidencias de "menos gravedad" detectadas en el transcurso de un inspección, relacionadas con la existencia de algunos lotes de alimentos caducados o irregularidades en las instalaciones de carácter leve.

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