Jueves 08/12/2016.

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AUAN alega contra el decreto de regularización de viviendas por "ambiguo, insuficiente y contradictorio"

Los propietarios británicos creen que se "corre el riesgo" de que los afectados "hayan muerto" cuando concluya el proceso
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La asociación 'Abusos Urbanísticos Almanzora-No' (AUAN), que engloba a residentes en esta comarca de la provincia almeriense, ha presentado las primeras alegaciones al borrador del decreto impulsado por la Junta de Andalucía para regularizar viviendas fuera de ordenación, que considera "insuficiente, ambiguo y contradictorio" y ha advertido de que, en el proceso, se "corre el riesgo que gran parte de los afectados hayan muerto antes de ver regularizadas sus propiedades".

Así lo ha trasladado en un comunicado la presidenta del colectivo, Maura Hillen, quien ha subrayado que esta afirmación "no es exagerada" dado que "gran parte" de los propietarios de edificaciones fuera de ordenación "son a día de hoy, jubilados" y la tramitación de las medidas incluidas en la norma "podría durar 10 ó 15 años". "Con los mecanismos previstos en el decreto, será muy difícil llevarlo a la práctica", ha sentenciado.

Hillen ha señalado que, del primer análisis del borrador, se desprende que esta normativa "en algunos casos empeorará la problemática", por lo que ha abogado por una modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y de la Ley del Suelo "como mecanismo único para resolver esta problemática. "Es necesario proveer de servicios de luz y agua a las viviendas y de evitar su demolición en caso de adquirentes de buena fe, algunos incluso --ha remarcado-- con licencia urbanística".

La AUAN, que ha solicitado una reunión con la consejera andaluza de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, "en aras del diálogo, transparencia y la democracia participativa", sostiene que la problemática de estas viviendas no se resuelve con un mero reglamento que es "demasiado complejo, ambiguo y contradictorio, lo que dificulta aún más la solución práctica del problema al contener disposiciones de dudosa legalidad".

En concreto, alega que no queda "más remedio que reconocer" la "parcelación urbanística irregular de suelo no urbanizable" que se ha producido en muchos casos y que, añade, "no se pueden deshacer por imposible". "En vez de dar más seguridad jurídica, el proyecto crea una inseguridad jurídica adicional", lamenta el colectivo que demanda, asimismo la incorporación "rápida" de los asentamientos irregulares al planeamiento municipal.

"Es verdad --reconoce-- que el borrador flexibiliza los límites de crecimiento del artículo 45 del POTA, lo cual es un punto a favor pero, adicionalmente, la regularización de estas viviendas en asentamientos parece pasar por los procedimientos habituales de planeamiento, lo que da una duración a todo el procedimiento que podría quizás ser de 10 a 15 años". "Durante el transcurso de ese tiempo, creo que no exageramos al decir que creemos que habrían muerto gran parte de los propietarios de viviendas en asentamientos que hoy son jubilados", apunta.

VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Señala en esta línea que existen dificultades para aplicar el decreto que pasan por la situación de los Ayuntamientos que en su estado económico actual "no pueden costear las innovaciones de planeamiento"; la "gran dificultad" de poder coordinar un gran número de propietarios y de buscar terreno para sistemas generales y dotaciones; o la dificultad de decidir los límites del la unidad de ejecución

"El borrador de decreto no da soluciones, y en la práctica consideramos que es probable que condene estas viviendas a una especie de limbo social, económico y jurídico", continúa la AUAN, que también critica que no especifique con "más detalle y claridad" las tres clases de viviendas irregulares, y sobre todo, que la norma prive de licencia de primera ocupación a las viviendas en el régimen de asimilado al de fuera de ordenación.

"Esto crea problemas en cuanto a lo dispuesto en la LOUA, que señala que las compañías suministradoras de los servicios deben de exigir la licencia de ocupación para la conexión de los servicios", subraya. Al tiempo, estima que con la falta de acceso a estos servicios "se podrían estar infringiendo los derechos humanos".

El número de edificaciones en suelo no urbanizable detectadas en diez municipios del Valle del Almanzora duplica la estimación realizada por la Junta de Andalucía hace tres años, ya que se eleva, según se desprende de los inventarios realizados por los ayuntamientos, a un total de 12.697, de las que 920, en su mayoría viviendas, no podrán ser "reconocidas" mediante la nueva figura urbanística de "asimilado fuera de ordenación" que permitirá a sus propietarios tener acceso a "unos mínimos servicios" como luz, agua o alcantarillado "en régimen de autosuficiencia".

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