Viernes 02/12/2016.

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Beneficiados y perjudicados de no poder pagar más de 1.000 euros en efectivo

  • Dinero mano

Guardar el dinero debajo del colchón ya no es una opción, o al menos no lo es utilizarlo para pagar compras grandes. El Gobierno ha decidido limitar a mil euros la cantidad que puede pagarse con efectivo, que antes estaba en los 2.500 euros. Eso supone que cada vez que un consumidor quiera comprar una televisión más o menos buena o pagar el alguiler de un piso tendrá que hacerlo con tarjeta de crédito o a través de transferencias. 

La intención es clara: aflorar la economía sumergida, evitar el fraude fiscal y aumentar la recaudación por IVA en casi 1.000 millones de euros. Pero, ¿a quién perjudica y a quién beneficia esta medida? 


Perjudicados 

1. Los no bancarizados: España es uno de los países más bancarizados de Europa. Sin embargo, se calcula que alrededor de un 4% de la población española está fuera del sistema bancario y no tiene cuenta de ahorro. Es el caso de algunas personas que durante la crisis no podían hacer frente a determinados pagos y, para que no les embargasen parte de su nómina, cancelaban sus cuentas bancarias y cobraban en efectivo. Esta medida del Gobierno supone que sea obligatorio para los empresarios pagar a sus empleados con transferencia bancaria siempre que la nómina supere los 1.000 euros.  

2. Proveedores: Una cantidad de 1.000 euros no es excesivamente alta para algunos negocios que pagan a sus proveedores en efectivo. Es el caso de Manolo, propietario de una pescadería en la capital, que cuenta a Teinteresa.es que cuando acude a Mercamadrid cada mañana las cajas de género se pagan siempre en efectivo. La nueva norma obligará a todos estos proveedores al por mayor a tener un sistema para cobrar con tarjeta. 

3. Autónomos: Los autónomos que cobren por sus trabajos más de mil euros, como por ejemplo talleres mecánicos, también tendrán que cobrar con tarjeta. Los más perjudicados podrían ser los autónomos que trabajen a domicilio, como fontaneros, albañiles o carpinteros que tendrían que adquirir sistemas de pago inalámbrico con tarjeta para poder cobrar estas cantidades. En este sentido, la Federación de Autónomos (ATA) recuerda que pese a que las entidades financieras cada vez reducen los costes de intercambio y las comisiones en transferencias, "es esencial que se sigan disminuyendo los costes asociados a pagos electrónicos" para no perjudicar al ciudadano. 

4. Inmigrantes y turistas: Dentro de la parte de la población no bancarizada están los inmigrantes que no poseen un domicilio fijo o no están registrados en el Ayuntamiento de la ciudad en la que residan y por lo tanto no tienen posibilidad de abrir una cuenta bancaria. Estos inmigrantes no podrían entonces cobrar sus nóminas en efectivo si exceden de los mil euros. Además, el turismo podría también verse afectado, sobretodo entre los turistas procedentes de países con cambio de divisa que portan euros en efectivo para evitar sacar de los cajeros automáticos y tener que abonar la comisión sobre el cambio de moneda. 


Beneficiados: 

1. La banca: Al no poder realizarse estas pequeñas transacciones entre particulares en efectivo, los bancos ganarán sobretodo en comisiones por transferencias bancarias. Además el volumen de pagos a través de los bancos aumentará junto con los sistemas de pago inalámbrico en los comercios y para los autónomos. 

2. Autónomos: Como explica Lorenzo Amor, presidente de ATA, "todo lo que sea combatir la economía sumergida va en beneficio de todos y especialmente de los autónomos que a hacen frente día a día y cumplen con sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social, primeras víctimas de la competencia desleal". "Esta medida no perjudica a quien no tiene nada que esconder y no beneficia a quien sí tiene algo que esconder”, concluye Amor.

3. Hacienda: La economía sumergida en España podría suponer el 18% del PIB, según los cálculos de Randstat en 2015, lo que supone alrededor de 190.000 millones de Euros. Con esta medida el Gobierno pretende aumentar la recaudación de las arcas públicas en 1.000 millones principalmente a través del IVA y aflorar parte de esta economía sumergida evitando los pagos "en negro" en determinados sectores. 



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