El banco Santander ha “salvado” al Banco Popular de la banca rota. Sin coste para el contribuyente. Los mecanismos europeos funcionan y los ‘desastres’ de los bancos españoles no afectará a Alemania. Es el discurso del partido de Angela Merkel que se enfrenta a unas elecciones clave para la permanencia de los conservadores en el Gobierno.
«No es un motivo de euforia que un banco en crisis deba ser rescatado. Pero el rescate del español Banco Popular demuestra que las reglas acordadas funcionan y que era correcto poner en marcha una autoridad europea de resolución» bancaria, aseguro Antje Tillmann, portavoz de Política Financiera del grupo parlamentario de Merkel.
Un mecanismo aupado por Alemania
Este proceso de rescate privado, vendiendo al Santander el negocio del Banco Popular por el simbólico precio de un euro, fue impulsado por el Gobierno alemán. Una forma de proteger el dinero público de los socios europeos, eso sí, a costa de que las pérdidas sean asumidas por los accionistas y bonistas del banco. En este caso, casi 300.000 accionistas del Popular que han perdido todo su dinero, muchos de ellos pequeños ahorradores.
Otra muestra del activo papel de Alemania en el mecanismo de resolución bancaria es su presidenta. La alemana Elke König, expresidenta de la Autoridad Supervisora Bancaria Alemana, que celebró la operación: “El contribuyente no pagará ni un centavo por el rescate del banco”.
Los medios alemanes también se congratulan de cómo ha salido la operación. Es el caso del conservador Die Welt, que narra la caída del Popular como una “muerte lenta de uno de los bancos más ricos de España” y presenta al Santander como “salvador”.
“Aprender” de la crisis
“Ha sido la mejor solución para el Gobierno español”, asegura Die Welt. La primera vez que se aplica este mecanismo de resolución europea que se creó, dice el diario, como una solución a las “lecciones aprendidas de la crisis”.
Este sistema se basa en una “escalera de responsabilidad” por la que, en caso de descapitalización de una entidad financiera, los primeros que tendrían asumir pérdidas eran propietarios, bonistas y accionistas, seguidos por los acreedores.
Sólo después, en caso de hacer falta más fondos, podrían entrar en juego los gobiernos nacionales y, en último término, el dinero público del resto de socios europeos.